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El autor, presidente del INAI, destaca los desafíos que enfrenta el Instituto
Norberto Bobbio escribió en su libro Democracia y Secreto, que el soberano absoluto —el autócrata— es más poderoso cuanto mejor logra ver, sin ser visto, lo que hacen sus súbditos, que el ideal del soberano, equiparado a Dios en la tierra, es ser, al igual que Dios en el cielo, omnividente e invisible a la vez.
Las democracias modernas dependen en gran medida del derecho que limita al “soberano absoluto” y que Norberto Bobbio esboza como “invisible”, porque no es sencillo conocer sus actos en el ejercicio de su poder, si no por el acceso a la información.
Este derecho permite a la ciudadanía conocer toda aquella información que se encuentra en poder del Estado, y en un marco de aplicación amplio, nos permite el control de las actividades que hacen las personas funcionarias públicas al grado de hacer que rindan cuentas sean “soberanos” o no.
Gracias a muchas luchas de mexicanas y mexicanos visionarios, el acceso a la información pública es un derecho humano plasmado en el artículo 6o de la Constitución, del que emanan 34 leyes de transparencia que describen obligaciones para cualquier autoridad, entidad, y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal; pero, no siempre fue así.
Esta reforma ha permitido que en los últimos años, México sea un referente internacional en la materia, como lo clasifica el Center for Law and Democracy, que ubica a México en segundo lugar a nivel mundial, específicamente en el andamiaje institucional y normativo que da respaldo a las acciones de los organismos constitucionalmente autónomos garantes del acceso a la información, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Inai, a través del mandato que le brinda la Constitución, ha permitido que se conozca información sobre casos emblemáticos de corrupción o violaciones a derechos humanos como la Casa Blanca, la Estafa Maestra, el caso Colosio, o el caso Segalmex, por nombrar algunos, y que la información verídica permite libertad de expresión y de prensa, como elementos centrales de la discusión pública cotidiana.
Vale la pena recordar que los derechos y libertades deben defenderse. El 11 de enero, la organización Human Rights Watch presentó su informe global y manifiesta dos elementos:
Que el Ejecutivo Federal ha transferido cientos de funciones gubernamentales a las Fuerzas Armadas, lo que limita el acceso a información pública, pues con frecuencia los militares se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia. Aunque en mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia invalidó el decreto presidencial que eximía al gobierno de cumplir con las solicitudes relativas a proyectos de infraestructura, el Ejecutivo emitió otro decreto similar.
La segunda aportación es que, en marzo y abril, varios legisladores bloquearon los nombramientos para ocupar las vacantes del pleno del Inai, dejándolo sin el número mínimo de miembros requerido legalmente para revisar casos o emitir decisiones. Si bien, en agosto, la Corte determinó que los miembros restantes del pleno podían reanudar la revisión de casos hasta que el Senado llenara los puestos vacantes en el último mes, se ha mantenido la amenaza de mandar ante el Congreso una reforma de Ley para desaparecer la institución.
El derecho de acceso a la información y transparencia desempeñan un papel en la prevención de la corrupción, violaciones graves a derechos humanos y militarización; permite a la ciudadanía mantenerse informada para que la secrecía y la opacidad no permitan gobiernos “autócratas”, como señalaba Norberto Bobbio.
