La Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la protección de los derechos reproductivos de las personas
Por Octavio Israel Ceballos Orozco
La protección a los derechos sexuales y reproductivos de las personas es una cuestión que ha sido objeto de una atención prioritaria en la Ciudad de México, ya que son factores básicos para el desarrollo y vida de las personas, siendo parte integral de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente en favor de todas las personas. En este sentido, cuando se recibe una denuncia que implica la presunta comisión de un delito de naturaleza sexual o vinculado a los derechos reproductivos de la persona, los casos adquieren una relevancia particular pues con frecuencia son casos graves, que comprometen la integridad y estabilidad física y emocional de las personas, cuyas repercusiones muchas veces trascienden el ámbito personal de quien es víctima de ellos, llegando a tener repercusiones para la sociedad en su conjunto.
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Con frecuencia, en la comisión de este tipo de delitos están involucradas diversas personas que se articulan para cometer los mismos, aprovechando la necesidad y falta de conocimientos de sus víctimas, actuando bajo la apariencia de instituciones de atención médica y especialistas en la materia, lo cual requiere que las denuncias que se reciben sean atendidas por áreas especializadas como lo es la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales (FIEAE) y, en específico, su Coordinación General de Investigación (CGIE). En este contexto, se han atendido casos que involucran a Clínicas de atención sexual y reproductiva donde lejos de proporcionar la atención y cuidados que las mujeres usuarias acudían a recibir, mediante engaños se les involucraba en prácticas y actividades que, además de vulnerar sus derechos humanos, configuraban conductas ilícitas.
En uno de ellos, como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por la CGIE, recientemente se logró que el Juez Penal que conoce del mismo, contara con suficientes elementos para tener por acreditadas conductas tales como que el propio personal médico de esta Clínica propiciaba, de manera deliberada mediante la aplicación de medicamentos, el que partos naturales presentaran complicaciones con base en las cuales se forzaba a las pacientes a que aceptaran someterse a una cesárea de urgencia o bien, que se implantaban óvulos fecundados en las pacientes que acudían a programas de prevención o tratamiento, sin el consentimiento de las mismas, además de sujetarlas a pruebas, procedimientos e inclusive cirugías innecesarias, con sustento en el resultados de pruebas de laboratorio e imagenología con resultados alterados.
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Actualmente, dicha Clínica está clausurada, mientras que los médicos y personal responsable se encuentran sujetos a proceso, existiendo el compromiso por parte de la FIEAE por continuar las investigaciones del caso para propiciar que no exista impunidad respecto de ninguna persona y los derechos de las víctimas se respeten y restituyan en el mayor grado posible. Atentar contra los derechos sexuales y reproductivos de la persona es algo que niega y vulnera de manera grave su dignidad eliminando la posibilidad de que sean verdaderas dueñas de sus cuerpos y procesos vitales. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, por lo que la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no solo atiende a la protección de los mismos, sino a la necesidad de que el acceso a la justicia y la aplicación efectiva de la ley sea una realidad para todas, todos y todes.