Por Gilberto de Guzmán Bátiz García
El devenir del cambio político en México no ha tenido un trazo lineal ni incontrovertible, se ha diseñado a partir de procesos políticos complejos, desde el hito revolucionario, la formación de un poder hegemónico y la lucha por democratizar el sistema político, entre transición, alternancia y transformación. Siendo que todos estos momentos permean constantemente el ámbito jurídico e institucional del Estado.
De tal modo que, preponderante, la democratización de nuestro país ha tenido en el diseño del sistema electoral un asidero y aliado, por el que han transitado los procesos políticos de la época moderna. Con ello, se han dado generaciones o ciclos de ajustes, con reformas legales y constitucionales que pueden agruparse en modos diversos, que van desde 1977 a 1988, 1989 a 1995, 1996 a 2007, 2012 a 2014. De las cuales, como corolario se tiene que la democracia es un proceso continuo de construcción colectiva de su tiempo.
Esta formación y reconfiguración del sistema político, a partir de un antecedente posrevolucionario de régimen monocromático, que corporativizó la política y captó todos los poderes públicos, ha tenido como eje articulador establecer una serie de instituciones y mecanismos para garantizar la certeza y transparencia en la organización de los procesos electorales con objeto de contrarrestar la enorme “desconfianza electoral”.
Sin embargo, este elongado proceso de construcción de la confianza ciudadana, tiene postergado sus resultados al centrarse en aspectos procedimentales y dejar de lado, paradójicamente, el elemento irreductible de la democracia, el voto, así como no proveerle de elementos de plena garantía de su ejercicio y efectividad. Desde este enfoque, se tiene un entramado altamente sofisticado de procedimientos que no han logrado erradicar las prácticas nocivas que provocan inequidad y, por desfortunio, terminan por encarecer la democracia proceso tras proceso.
El vuelco de la desconfianza de las instituciones a la certeza de los procesos e incertidumbre en los resultados, debe pasar ineludiblemente por un ajuste integral de las instituciones, porque de ello depende el futuro de la democracia. En esta tesitura, debe insertarse la reforma judicial de 2024, cuyo eje central es democratizar las instituciones, a partir del elemental principio de la voluntad popular.
La reforma judicial de 2024 pone en la palestra una reflexión toral sobre si el sufragio universal es la mayor fuerza política de los tiempos modernos, por ello, es significativo que sea la ciudadanía quien elija a sus jueces en las elecciones, lo que refiere resignificar al voto como motor de la transformación pacífica de realidad; porque no habrá mayor ciclo virtuoso que aquel en el que la ciudadanía decida la integración de las instituciones que velan por los derechos de participación de la ciudadanía y de la regularidad de los procesos electorales del poder público.
Esta reforma debe significar un detonante poderoso de articulación de las esferas de la ciudadanía, que van desde el reconocimiento de su derecho de votar en condiciones de igualdad hasta, con ello, intervenir en la integración de los órganos que desde la función jurisdiccional están llamados a construir una sociedad justa con integral sentido de la persona (esferas civil, política y social de la ciudadanía).
Pero algo debe puntualizarse, la reforma judicial de 2024 y la instauración de una judicatura electa para septiembre de 2025, debe entenderse como una acción justificada de modo compatible con la Constitución dada, tendiente a su perfeccionamiento, porque como ajuste constitucional integral es el aporte a una obra colectiva, que constituye un proyecto que aspira a reflejar la realidad y los principios fundamentales de una sociedad, época y generación, aunada a la deliberación indefinida del pueblo soberano, que prosigue hacia el porvenir de su propia Historia.
En gran manera esta deliberación se nutrirá de los resultados que cada integrante de la judicatura electa aporte y el consecuente perfil de juzgadores mexicanos que derive de este ejercicio. De ahí que, en adelante, también exigirá la vigilancia ciudadana de tales resultados y los consecuentes ejercicios públicos de esta electa judicatura.