El Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado una serie de indagatorias para esclarecer presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso de elección judicial, entre ellas la circulación de “acordeones” —materiales que sugieren el sentido del voto— y el financiamiento opaco de propaganda política en plataformas digitales.
Durante una conferencia, Rita Bell López, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, informó que el instituto ha recibido un total de 184 solicitudes para aplicar medidas cautelares, de las cuales 29 tienen relación directa con la difusión de estos documentos que intentan influir en la intención de voto.
A estas se suman 31 denuncias por posibles actos de violencia política de género y otras cuatro vinculadas al uso de dominios web que promueven el respaldo a determinados candidatos, lo cual está prohibido por la legislación electoral.
Por su parte, Hugo Patlán, actual responsable de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), señaló que, hasta el momento, no se ha identificado que algún partido político esté directamente involucrado en estas acciones. No obstante, dijo que algunas denuncias mencionan posibles vínculos con funcionarios públicos, lo cual se encuentra bajo análisis.
“Depende de cada queja; en la mayoría de los casos se refieren solo a publicaciones de los llamados ‘acordeones’. Algunas refieren la participación de servidores públicos… Pero todo está en investigación”, detalló Patlán.
El INE también sigue la pista del financiamiento detrás de la publicidad electoral colocada en redes sociales y sitios web. Para ello, revisan los métodos de pago utilizados, incluyendo tarjetas bancarias, con el objetivo de rastrear el origen del dinero destinado a esa propaganda no autorizada.
En cuanto a los “acordeones”, se han recibido hasta ahora 77 comunicaciones en las que candidatos se deslindan de haber participado en su elaboración o difusión. Esto incluye a aspirantes a ministros, jueces y magistrados.
La consejera Claudia Zavala fue contundente al calificar esta práctica como “una práctica antidemocrática que mancha una elección”, y reiteró la importancia de asegurar condiciones de equidad e imparcialidad en los procesos electorales.
A raíz de estas conductas, el INE ha dictado diversas medidas cautelares con el objetivo de frenar la circulación de este tipo de propaganda y evitar cualquier forma de presión al electorado. Estas acciones buscan salvaguardar los principios fundamentales de legalidad, equidad y libertad del sufragio.
Además, se dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL), para que esta instancia realice las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades penales por estos hechos.