Hackeo en la UNAM: ¿son ilegales estas prácticas en México?
Un incidente de intrusión no autorizada en sistemas informáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿el hackeo es un delito en México?
La respuesta, desde el punto de vista legal, es clara: sí, y puede implicar responsabilidades penales. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
Lo que informó la UNAM sobre el hackeo
De acuerdo con la información oficial, el hecho fue detectado durante el periodo vacacional y activó de inmediato los protocolos institucionales de ciberseguridad.
La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) informó que se detectó “una intrusión no autorizada (hackeo) en cinco de los más de cien mil sistemas informáticos universitarios”.
La Universidad detalló que, como medida preventiva, se inhabilitaron los sistemas afectados y se activaron los protocolos de atención a incidentes de seguridad informática. Tras un primer análisis técnico, la UNAM precisó que “no hay indicios de extracción de información de los sistemas de datos personales del alumnado o del personal académico y administrativo”.
Asimismo, subrayó que dichos sistemas permanecen seguros bajo los esquemas de protección institucional. Finalmente, informó que ya coordina acciones con autoridades locales y federales de ciberseguridad para presentar las denuncias legales correspondientes.
¿El hackeo es un delito en México?
Sí. En México, el acceso no autorizado a sistemas informáticos está tipificado como delito. El Código Penal Federal sanciona a quien accede sin autorización a sistemas o equipos de informática protegidos, así como a quien interfiera, dañe o altere información contenida en ellos.
Además, cuando el acceso indebido implica la posible afectación de datos personales, pueden actualizarse responsabilidades adicionales conforme a la legislación en materia de protección de datos, aun cuando —como en este caso— no exista evidencia de extracción o uso indebido de la información.
Las penas pueden incluir prisión y multas, dependiendo de la gravedad del hecho, el daño causado y si existió intención de obtener, modificar o destruir información.
Investigación y denuncias en curso
El comunicado oficial de la UNAM señala que ya se trabaja con autoridades competentes para dar seguimiento legal al incidente. Esto implica que el caso puede derivar en una investigación penal, a fin de identificar a los responsables del acceso indebido a los sistemas universitarios.
La presentación de denuncias forma parte del procedimiento legal cuando se detectan intrusiones de este tipo, incluso si no se confirma la sustracción de información.
En conclusión, aunque la Universidad descartó la filtración de datos personales, el acceso no autorizado a sus sistemas activó protocolos de seguridad y la vía legal. El mensaje es claro: la seguridad informática está protegida por la ley y su vulneración tiene consecuencias jurídicas.
