Gobierno Electrónico en México: Innovación, Transparencia y Desafíos
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Por: Susana Mercado Alvarado
La revolución tecnológica ha transformado de manera irreversible la relación entre el Estado y la ciudadanía. En este contexto, el Gobierno Electrónico no sólo representa una herramienta técnica, sino una oportunidad estratégica para modernizar la gestión pública, reducir la discrecionalidad administrativa y acercar los servicios públicos a las personas. México, ha dado pasos relevantes en esta materia, tanto a nivel local como federal y con la reciente aprobación en el Senado de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos entramos a una nueva era.
Desarrollo nacional
El concepto de Gobierno Electrónico, en términos generales, se refiere al uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -principalmente Internet- para brindar servicios públicos, transparentar la gestión administrativa y facilitar la interacción entre instituciones y ciudadanos.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este modelo implica “la redefinición de las estructuras organizativas y de los procesos internos de la administración pública, con el fin de mejorar la provisión de bienes y servicios”. No se trata sólo de informatizar lo existente, sino de transformar las lógicas burocráticas tradicionales.
En México, el artículo 6º constitucional reconoce el acceso a las tecnologías digitales como parte del derecho a la información, estableciendo un parámetro de obligatoriedad para las autoridades. A partir de este mandato se han desarrollado diversas normativas como es el caso a nivel local de la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México (2018) y la Ley de Gobierno Electrónico de Nuevo León (2013), con disposiciones específicas sobre interoperabilidad, firma digital y datos abiertos.
En el ámbito federal, la recientemente aprobada Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción busca consolidar un marco general que obligue a todas las autoridades (federales, estatales y municipales) a revisar y digitalizar sus trámites, sancionar su incumplimiento y crear un Portal Único Ciudadano de Servicios y Trámites.
Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Archivos completan este ecosistema jurídico, al exigir plataformas digitales para la publicidad de la información y lineamientos para la gestión documental electrónica.
Ahora bien, desde el plano jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios relevantes en la materia. Por ejemplo, la tesis aislada 1a. XXI/2017 (10a.), reconoce la transparencia activa como una obligación que debe cumplirse a través de medios electrónicos. Asimismo, en el Amparo en Revisión 631/2012, se abordó la relación entre el acceso a internet y el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la educación y la participación política.
Perspectiva comparada: México vs. Estados Unidos
El caso mexicano puede analizarse con mayor profundidad si se contrasta con la experiencia de Estados Unidos. Con la aprobación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos México avanza hacia un modelo normativo con fuerza obligatoria en todo el país y sanciones administrativas. La mencionada ley nacional tiene una vocación uniforme, con criterios estandarizados y control de legalidad para digitalizar trámites.
En cambio, en Estados Unidos se han impulsado mejoras en esta materia a través de órdenes ejecutivas y agencias como la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA). No existe una legislación nacional unificada – como la mexicana-, lo que ha generado soluciones fragmentadas entre agencias federales y gobiernos estatales.
De forma que mientras México busca consolidar estándares nacionales con responsabilidad jurídica, el modelo estadounidense privilegia la autonomía institucional, la revisión de impacto regulatorio y la mejora continua sin sanciones específicas.
Retos, oportunidades y conclusiones
La promesa del Gobierno Electrónico se traduce en una mayor eficiencia, reducción de tiempos, transparencia en las decisiones públicas y ampliación de la participación ciudadana. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos importantes.
Tal es el caso de la brecha digital continúa limitando el acceso efectivo en regiones rurales o marginadas o el alto grado de alfabetización digital desigual, tanto en usuarios como en servidores públicos. A estos factores se suma que mantener la información segura representa un riesgo constante frente a ataques cibernéticos o mal uso de datos personales.
A lo anterior se suma un nuevo desafío técnico jurídico, el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial para resolver trámites o tomar decisiones administrativas. ¿Quién es responsable de una actuación emitida por un algoritmo, por ejemplo, cuándo se expide digitalmente una Clave Única de Registro de Población o un acta de nacimiento? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos frente a estos sistemas? Estas preguntas, aún sin respuesta clara, abren un debate urgente sobre el rol del derecho administrativo y la justicia frente a las nuevas tecnologías.
Finalmente, debemos concluir que el Gobierno Electrónico no es una moda, sino una necesidad estructural para construir un Estado más transparente, eficiente y orientado al ciudadano. Sin embargo, no basta con digitalizar los trámites: es indispensable simplificarlos, rediseñarlos y garantizar que las tecnologías realmente faciliten el acceso y no reproduzcan la burocracia tradicional en un nuevo formato.
México tiene con esta nueva ley, la posibilidad de consolidar un modelo normativo robusto que no sólo modernice la gestión pública, sino que también asegure mecanismos de evaluación y control claros, donde la tecnología sea un medio —y no un fin— al servicio del interés público.
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