¿Es posible impugnar una ley? Esto explica una juez de amparo
El hecho de que una autoridad diga “así lo establece la ley” no siempre pone fin a una inconformidad. La norma utilizada también debe respetar los límites de la Constitución.
Si existe una afectación, la persona involucrada puede pedir que revise a profundidad lo ocurrido. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Un juez de amparo puede revisar una ley?
Sí, la persona afectada puede presentar un amparo indirecto para cuestionar la norma y el acto mediante el cual una autoridad decidió aplicarla. Para hacerlo, es necesario explicar cuál es el perjuicio y qué derecho considera vulnerado.
Así lo establece el artículo 107 de la Ley de Amparo que permite impugnar una norma cuando causa afectaciones desde su entrada en vigor o a partir de su primer acto de aplicación.
Es decir, la justicia federal no revisa leyes ante una inconformidad general, sino que debe existir una afectación personal.
“Puedo combatir la constitucionalidad de la ley y del acto a través del cual me la están aplicando”, explicó Karime Pérez Guzmán, jueza de Distrito especializada.
¿Qué pasa mientras se resuelve el amparo?
Una decisión definitiva puede tardar y durante ese periodo el acto reclamado podría seguir produciendo consecuencias, razón por la que el juez tiene la posibilidad de conceder una suspensión.
Esa medida está regulada a partir del artículo 125 de la Ley de Amparo. Pero su aprobación depende de las circunstancias del asunto, los daños que podrían ocasionarse y el posible impacto en el interés social.
Concederla no adelanta el resultado del juicio, sino que únicamente busca evitar que la afectación avance.
“El juez puede suspender ese acto para que no afecte mi esfera jurídica ni mi vida, hasta que se analice si la ley es constitucional o no”, añadió la especialista Pérez Guzmán.
¿Qué otros actos se pueden impugnar?
El amparo indirecto no sirve únicamente para cuestionar leyes, también permite reclamar distintos actos u omisiones de las autoridades cuando existe una posible violación de derechos humanos.
El artículo 73 de la Ley de Amparo establece que las sentencias deben ocuparse de las personas que solicitaron la protección. Mientras tanto, el artículo 103 de la Constitución permite a los tribunales federales revisar normas, actos u omisiones de autoridad que vulneren derechos humanos.
En conclusión: el alcance del amparo no termina en las leyes, pueden impugnarse otras actuaciones de autoridad y una detención. Pero cada caso tiene sus propios requisitos y plazos.
