¿Es igual mendigar o pedir dinero? Esto explica una ministra
Pedir unas monedas en la calle puede ser una forma de conseguir comida o cubrir una necesidad. Pero ¿puede una autoridad considerar esa petición motivo suficiente para imponer una multa?
La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué dice la ministra?
Al abordar la acción de inconstitucionalidad 25/2026, Loretta Ortiz explicó que la discusión se centró en una norma de Arizpe, Sonora, que castigaba la solicitud de dinero u otros apoyos en la vía pública.
La disposición sancionaba a quien afectara la paz y tranquilidad pública por “mendigar en áreas públicas solicitando dádivas de cualquier especie”.
La palabra “mendigar” era utilizada por la norma para referirse a pedir ayuda. La discusión no consistía en establecer una diferencia entre términos, sino en determinar si esa conducta podía castigarse sin discriminar a quienes necesitan apoyo para subsistir.
Según explicó la ministra, imponer multas por solicitar ayuda perjudica a personas que viven en condiciones de marginación o en situación de calle.
¿Qué multa contemplaba la norma?
La sanción estaba incluida en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2026.
Aquí se tenía prevista una multa de 20 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó la disposición al considerar que vulneraba la igualdad y la no discriminación. La SCJN resolvió invalidar la norma cuestionada.
¿Por qué se consideró discriminatorio este castigo?
Para la ministra, la acción de cobrar una multa a quien pide ayuda puede agravar la necesidad que lo llevó a hacerlo. Estas medidas, señaló, “sancionan la pobreza en lugar de atender sus causas”.
También explicó que el castigo puede catalogar a las personas por su situación económica y afecta a quienes enfrentan mayores dificultades para sobrevivir.
La decisión se refiere a la disposición impugnada de Arizpe. El punto central es que solicitar apoyo en un espacio público no debe convertirse en una razón para castigar la pobreza.
Ortiz resumió: “La vulnerabilidad exige protección, no castigo”.
