El papel de los jueces penales en la localización urgente de personas

Por Omar Alonso Ortiz Sánchez, juez de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México

Cuando alguien desaparece o es víctima de un secuestro, la angustia de sus familiares se mezcla con la urgencia de actuar rápido. En esos momentos, cada minuto cuenta, y dentro del sistema de justicia penal, los jueces tienen una labor fundamental: autorizar técnicas de investigación que permitan localizar a la persona lo antes posible.

Nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que solo los jueces federales son responsables de analizar y decidir de manera inmediata si se conceden solicitudes como la geolocalización en tiempo real, la intervención de llamadas o la obtención de los datos conservados por las compañías telefónicas. Estas herramientas pueden marcar la diferencia entre salvar una vida o perder su rastro.

Cuando se recibe una solicitud de este tipo, el juez tiene un plazo máximo de seis horas para resolver, ya que, en muchos casos, la vida de una persona está en riesgo. Su función es verificar que la petición del Ministerio Público tenga una base legal, que existan pruebas suficientes para justificarla y que realmente contribuya a la investigación de un delito, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos y evitando cualquier uso indebido.

1. Geolocalización en tiempo real: Si una persona desaparecida llevaba su celular consigo, es posible solicitar que un juez autorice su rastreo. Esto permite conocer su última ubicación o incluso seguir los movimientos del teléfono si alguien más lo tiene. Para concederlo, el juez federal debe analizar si hay razones suficientes para justificar la medida y asegurarse de que se utilice solo para la búsqueda y no para otros propósitos.
2. Intervención de llamadas: En casos de secuestro, extorsión u otros delitos graves, el juez federal también puede autorizar la intervención de comunicaciones privadas. Esto significa que las autoridades pueden escuchar ciertas llamadas o mensajes de las personas investigadas con el objetivo de obtener información clave para salvaguardar a la víctima. Esta medida solo se permite cuando hay datos de prueba que la justifiquen y debe ser supervisada para evitar abusos.
3. Obtención de datos conservados: Las compañías telefónicas almacenan información sobre los números con los que se ha comunicado un usuario, la fecha y hora en la que ocurren las comunicaciones y las ubicaciones en las que ha estado su celular, entre otros datos. Aunque no se accede al contenido de las conversaciones, estos registros pueden ayudar a reconstruir los últimos movimientos de la persona desaparecida o identificar a posibles responsables. Para acceder a estos datos, las autoridades deben pedir autorización al juez federal, quien evaluará si la solicitud cumple con los requisitos legales.
4. Equilibrio entre rapidez y legalidad: La labor de los jueces penales no es investigar delitos ni capturar a los responsables, sino proporcionar a las autoridades ministeriales y policiales las herramientas necesarias para actuar dentro del marco de la ley. Cada resolución debe tomarse con urgencia, sin comprometer los derechos humanos de todas las personas, garantizando que estas medidas no se utilicen sin una justificación sólida.

El juez federal debe asegurarse de que la técnica de investigación afecte la privacidad únicamente cuando sea estrictamente necesaria para esclarecer un delito y no por otros motivos. Por ejemplo, si se solicitara intervenir las llamadas de un empresario para obtener ventaja en un litigio mercantil, geolocalizar a un trabajador en medio de un conflicto laboral o acceder a las comunicaciones de un candidato durante un proceso electoral, la autorización tendría que ser negada. Estas situaciones se apartan de la investigación penal y la Constitución expresamente las prohíbe.

Resolver estos casos no es sencillo. Un juez debe tomar decisiones en cuestión de horas, con información limitada y bajo la presión de saber que una vida puede depender de su determinación. La rapidez es crucial, como también lo es la responsabilidad de garantizar que estas herramientas se utilicen únicamente cuando la ley lo permite. Más que un trámite administrativo, la función de los jueces en estos casos es un compromiso con la justicia, la legalidad y la protección de quienes más lo necesitan.