El INE no es de Taddei: la democracia no tiene dueños

Las elecciones las organiza el Instituto, pero los ciudadanos las hacemos posibles. La confianza en el voto no se exige desde un cargo público: se construye con imparcialidad, transparencia y resultados que resistan cualquier escrutinio.

Por Jueza Amarande Riojas Orozco

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 26 de octubre, no cierra la crisis que marcó sus últimos días al frente del organismo, sino que deja una pregunta inevitable: ¿cómo recuperar la confianza en el árbitro electoral cuando su propia conducción quedó bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades, contratos sospechosos y posibles conflictos de interés?

No basta con cambiar un nombre en la puerta, ni con nombrar a una nueva persona para dar por resuelto el problema. Las instituciones no se limpian con relevos administrativos, sino esclareciendo los hechos y fincando responsabilidades cuando corresponda.

Hay algo que debe quedar claro: el INE no es de Guadalupe Taddei, no es de sus consejeros y mucho menos de los partidos políticos. Es una institución del Estado mexicano, sostenida con recursos públicos, cuya obligación constitucional es garantizar que la voluntad ciudadana se exprese libremente y que cada voto cuente.

Los hechos recientes son preocupantes y merecen explicaciones. El Órgano Interno de Control informó que hay 18 investigaciones por contratos otorgados durante la gestión de Taddei: 13 siguen en curso y cinco ya dieron lugar a procedimientos para determinar posibles responsabilidades. A esto se suman observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre empresas que podrían estar relacionadas entre sí y posibles vínculos con funcionarios del Instituto. Todo debe aclararse. No hablamos de simples trámites de oficina, sino del dinero de las y los mexicanos y de cómo se está utilizando.

Lo más preocupante es que, al 3 de noviembre, se habían reportado 30 renuncias en el INE, 17 de ellas de personas que formaban parte del equipo directo de quien entonces era su presidenta. Estas salidas, sumadas a las investigaciones sobre los contratos, generan preguntas que el Instituto no puede ignorar: ¿qué está ocurriendo?, ¿por qué se fueron tantos funcionarios? y ¿qué relación tienen estas salidas con las decisiones que hoy están bajo investigación? La ciudadanía merece respuestas claras, no silencios ni explicaciones a medias.

No se trata de acusar ni de declarar culpable a nadie antes de tiempo. Se trata de exigir algo básico: que quienes manejan dinero público expliquen qué hacen con él. La autonomía del INE no significa que pueda actuar sin vigilancia ni rendir cuentas. Su independencia es indispensable para la democracia, pero también lo es la transparencia. El Instituto no les pertenece a sus consejeros, ni a quien lo presida; le pertenece a la ciudadanía y a ella debe responderle.

La crítica a Taddei debe ser firme, pero también jurídicamente responsable: las investigaciones deben avanzar, las pruebas deben examinarse y las autoridades competentes deben determinar quiénes incurrieron en alguna irregularidad. Ni los cargos protegen de la ley, ni los señalamientos sustituyen las pruebas.

El problema, además, trasciende a una persona. Cuando la conducción de una institución encargada de vigilar la legalidad electoral queda bajo sospecha, no sólo se compromete su credibilidad: se pone a prueba la confianza de millones de ciudadanos en las reglas y los procedimientos que permiten renovar pacíficamente el poder.

El INE organiza las elecciones, establece las reglas, cuenta con personal especializado y vigila que los partidos cumplan con sus obligaciones. Pero hay algo que no debe perderse de vista: los votos pertenecen a los ciudadanos, no al Instituto. Su responsabilidad es asegurar que la decisión de la gente se respete y que los resultados correspondan a lo que realmente se votó.

Para entenderlo, pensemos en un árbitro de fútbol: no es dueño del partido ni decide quién debe ganar. Su trabajo es aplicar las reglas por igual. Si favorece a un equipo, ignora las faltas o cambia las reglas a conveniencia, pierde la confianza de quienes participan. En una elección, las consecuencias son mucho mayores: de su correcta organización depende que quienes gobiernen tengan una legitimidad respaldada por el voto ciudadano.

Por eso, el relevo en la presidencia del INE no puede convertirse en un reparto de cargos entre partidos, ni en un simple cambio de nombres. La nueva conducción, actualmente encabezada de manera provisional por Blanca Cruz, debe demostrar con hechos que puede corregir lo que no funciona: aclarar las contrataciones cuestionadas, explicar las salidas de funcionarios, fortalecer al personal electoral y garantizar que las decisiones se tomen conforme a la ley, no por conveniencias personales o políticas. Lo que está en juego no es quién ocupa la presidencia del Instituto, sino si los mexicanos podemos confiar en que nuestro voto será respetado sin importar por quién votemos.

La denuncia ante la Fiscalía General de la República ya fue presentada por el INE el pasado 6 de noviembre, según informó el propio Instituto. Ahora debe traducirse en una investigación efectiva: las autoridades deben esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, sin acuerdos políticos, excepciones ni linchamientos anticipados.

La democracia no necesita instituciones intocables; necesita instituciones que rindan cuentas. Tampoco necesita funcionarios que pidan confianza como un acto de obediencia, sino servidores públicos que comprendan que el poder es temporal y la responsabilidad permanece.

Guadalupe Taddei dejó la presidencia, pero los cuestionamientos sobre su administración no se van con ella. Corresponde esclarecerlos. Y corresponde a quienes hoy conducen el Instituto demostrar que el cambio significa algo más que una sustitución de nombres.

Los consejeros pasan, los gobiernos terminan y los partidos cambian. Los votos, en cambio, pertenecen a los ciudadanos. El INE no nos hace un favor al organizar elecciones: cumple una obligación constitucional. Nosotros no le debemos aplausos ni obediencia ciega; le debemos vigilancia, exigencia y participación.

La democracia no tiene dueños. El INE tampoco. Y quien ocupe su presidencia debe entender, desde el primer día, que no recibe una institución para hacerla suya, sino una responsabilidad para servir a México.