El Derecho es propiedad de todos
Por: Marco A. Zavala A.
En democracia, la nota definitoria de la legitimidad del poder público descansa en la propia ciudadanía, en la posibilidad de autogobernarse políticamente, ya sea en forma directa o a través de representantes. Por ello, el Derecho no es propiedad exclusiva del poder público, ni puede reducirse, por tanto, a la voluntad del gobierno. Por el contrario, su significado y su legitimidad dependen también de la participación de la sociedad que, para cumplir con la Constitución y la ley, interpreta las disposiciones jurídicas, las discute y las cuestiona. Cuando esa participación se cancela, el Derecho pierde su función de límite racional de las conductas socialmente relevantes y corre el riesgo de convertirse en una simple herramienta de dominación.
Efectivamente, la forma en que se entienden y aplican las normas jurídicas no surge únicamente de los órganos del Estado. Históricamente, el Derecho se ha construido también desde fuera de las instituciones, mediante el trabajo de académicos, litigantes y ciudadanos interesados en su funcionamiento. Aunque el Estado ejerce una influencia decisiva al producir las normas y establecer los procedimientos, no le corresponde monopolizar su interpretación ni clausurar el debate sobre su sentido.
En los últimos años, el orden jurídico mexicano ha experimentado transformaciones profundas. Reformas constitucionales han supuesto cambios radicales en el diseño institucional y, con ello, alterado los mecanismos de control necesarios en una democracia constitucional. Estos cambios no han sido acompañados de una reflexión jurídica amplia y articulada por parte de la sociedad ni, en general, de la comunidad jurídica. Tampoco se observa una disposición clara del poder público para propiciar ese debate.
Por el contrario, se advierte una creciente desconfianza hacia cualquier interpretación que no se subordine a la de la coalición gobernante, como lo revela la reforma en materia del poder judicial, que pretendió limitar la interpretación de las disposiciones del decreto respectivo. Impedir que que jueces, académicos o cualquier persona realicen, con las herramientas que proporciona la técnica jurídica, sus lecturas propias de las nuevas normas y de su relación con el resto del orden constitucional, supone la exclusión de la ciudadanía del entendimiento y la concreción del Derecho.
Un régimen constitucional no puede sostenerse sin debate ni deliberación pública sobre el Derecho. La legitimidad de las decisiones jurídicas no proviene únicamente de la autoridad que las emite, sino de que puedan ser comprendidas, discutidas y, en su caso, criticadas por la sociedad. Cuando se excluye a la ciudadanía del entendimiento del Derecho, se debilita la cultura democrática y se vacía el sentido mismo del Estado de Derecho. Llegado ese punto, el Derecho deja de ser una garantía frente al poder y comienza a operar como si fuera, precisamente, su propiedad.
