El derecho a la participación pública en asuntos ambientales como medida de prevención
En el año 2014 un derrame tóxico de sulfato de cobre afectó el Río Sonora y Bacanuchi junto con sus zonas y población aledañas. La empresa minera Buenavista del Cobre S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo México, fue responsable del hecho. Recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció un acuerdo con la empresa para reparar el daño causado, sin embargo, algunos de los afectados continúan reclamando que nunca se les consultó.
Por Magistrada Susana Mercado Alvarado
Han pasado diez años desde el derrame que afecto el Río Sonora y el daño ambiental, económico y de salud causado aun esta pendiente de reparación. El hecho afectó no solamente el cauce del río, sino también la salud y actividades de habitantes de siete municipios contiguos que se dedican en su mayoría a la agricultura y ganadería, ya que tanto humanos como animales, estuvieron en contacto directo con el agua contaminada.
En su momento, se discutió si había de por medio una posible negligencia de la empresa o si se trató de un accidente provocado por el desgaste de material u otro elemento. Lo cierto es que amén la culpa, existió sin duda un daño que hasta la fecha queda pendiente de reparar en su totalidad a pesar de que incluso se creó un fideicomiso específicamente para atender a los afectados.
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Las autoridades que reaccionaron frente al desastre incluyeron a protección civil de Sonora, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios, entre otras. Se realizaron visitas de inspección y se implementaron acciones de saneamiento para remediar y compensar los daños ocasionados al medio ambiente y la salud humana. No obstante, a la fecha persisten reclamos de afectados que manifiestan no tener acceso a una fuente de agua confiable o acceso a una clínica para tratar las enfermedades consecuencia del derrame.
Este caso resulta un buen ejemplo para ilustrar la necesidad de priorizar un enfoque preventivo en la protección al medio ambiente. Si en su momento las autoridades competentes hubieren llevado a cabo una visita de inspección a las instalaciones probablemente este derrame hubiera podido ser evitado. También, hubiere resultado procedente consultar a las comunidades que se iban a ver afectadas por la operación de la mina desde un inicio. De hecho, si bien como dicen por ahí “el hubiera no existe” este precedente fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un segundo momento en 2018 cuando la misma empresa pretendía construir una presa en la zona.
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En esta última ocasión se analizó el precedente de 2014 como un hecho notorio a considerar y con fundamento en normas de origen internacional se reconoció el derecho de la comunidad -ya afectada en 2014- a participar públicamente en asuntos medioambientales. De forma que el día de hoy podemos consultar el antecedente del derrame minero en los ríos Sonora y Bacanuchi como un caso emblemático en el reconocimiento al derecho a la participación pública en asuntos medio ambientales en el que se vinculó a las autoridades a promover la participación activa de las comunidades afectadas y a usar todos los medios al alcance para evitar que la obra causará daños significativos al ambiente.
De forma que no podemos dejar de hacer notar que la protección al medio ambiente desde un enfoque preventivo, sumado a la participación pública en los asuntos ambientales son elementos clave para evitar casos similares e incurrir en largas deudas históricas en la reparación del daño al medio ambiente y a la salud.