El acceso a la justicia ambiental en México
Magistrada Susana Mercado Alvarado
Recientemente se llevó a cabo el “3er Seminario para el fortalecimiento del trabajo interinstitucional en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales” en el que participaron de diversos actores involucrados en la garantía del acceso a la justicia ambiental. Se recogieron diversas experiencias y perspectivas en la materia incluyendo la participación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con motivo de la vigencia del Acuerdo de Escazú y los retos de su implementación.
El 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el “Acuerdo de Escazú”. Derivado de este compromiso se ampliaron las obligaciones con sus respectivos desafíos, para: identificar y evaluar el daño ambiental, cómo probarlo, determinar las responsabilidades correspondientes y el método para hacer exigible la reparación.
Con este acuerdo se incrementa la normatividad vigente que ha surgido a fin de fortalecer los mecanismos de coordinación institucional y procesos jurisdiccionales garantizando el acceso a la justicia ambiental y la reparación del daño.
Han pasado más de 30 años desde el desastre químico de la explosión de la fábrica de plaguicidas ANAVERSA en Córdova, Veracruz trágicamente simbólica por la cantidad de fallecimientos ocurridos, así como el impacto ambiental y a la salud que dejó la zona inutilizable y a los vecinos de la zona aledaña, con padecimientos de cáncer por generaciones quienes aún reclaman justicia.
Son casos como este los que están detrás de la necesidad de concientizar sobre la importancia y trascendencia de la justicia ambiental. No debemos perder de vista que esta materia ofrece la posibilidad de pensar en una dimensión colectiva actuado preventivamente, y que también, constituye un derecho humano en sí mismo al medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, de forma que debemos actuar dando prioridad a las actuaciones con un enfoque pro persona, sobre formalidades excesivas.