La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de las personas interesadas, se requiere la intervención de la autoridad judicial.
El artículo 1039 del Código de Comercio dispone que los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.
Integrar ambos enfoques no sólo permite combatir estructuras de discriminación, sino también sanar los efectos psicoemocionales que los procesos judiciales suelen generar.
No podemos hablar de justicia digital si los sistemas no se hablan entre sí.
La autoridad judicial puede asumir un papel activo en la conducción del proceso.
La certeza jurídica es esencial para la estabilidad institucional y económica.
No sólo se requiere ser parte en el juicio de amparo para estar en aptitud de recurrir en revisión la sentencia que ahí se emita.
México busca consolidar estándares nacionales con responsabilidad jurídica.
Se vuelve ahora urgente replantear si las figuras como la prisión preventiva oficiosa, o el aumento de las penas en realidad son efectivos para reducir la criminalidad.
Solo en el cumplimiento de la ley los derechos pueden ser vigentes y la convivencia social posible.