El Instituto Federal de Defensoría Pública esta comprometido con la defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.
Nuestro ordenamiento jurídico establece la existencia tanto de la prisión preventiva oficiosa, como de la justificada.
La reciente reforma judicial se erige como una oportunidad real para hacerle frente a dicha situación inaceptable y contraria al espíritu constitucional.