El Congreso reunió a personas juzgadoras de todo el país.
Estas líneas intentan una aproximación no a las respuestas, sino al por qué son necesarios esos cuestionamientos.
Las partes tienen la carga de presentar con su demanda o contestación a ella, respectivamente, los documentos en que funden sus pretensiones,
El Juicio Contencioso Administrativo no es un mero trámite para detener arbitrariedades de las autoridades, así como tampoco es un instrumento para que los ciudadanos eviten cumplir con sus obligaciones cívicas: es ética pública hecha procedimiento.
La legislación mercantil expresamente excluye la procedencia de recurso alguno contra la resolución que decida sobre el recurso de revocación.
Hasta ahora, la Constitución otorga a la Corte la autoridad para determinar qué actos legislativos son válidos y cuáles la transgreden.
Esta transformación respondió a la necesidad de modernizar el sistema judicial y garantizar que su funcionamiento se lleve a cabo con mayor eficiencia, transparencia e independencia.
Los fraudes Ponzi en México son más que delitos económicos.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, ha impulsado un ejercicio que honra la labor jurisdiccional.
La pretendida “visión chusca” sobre un símbolo de autoridad y de espiritualidad de los pueblos originarios es, por lo menos, petulante en el contexto de este país con magnífica diversidad cultural.