PAN respalda iniciativa de reforma de Sheinbaum: extorsión se debe investigar sin denuncia previa
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El Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció a favor de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, es decir, que las autoridades puedan investigarlo sin que medie una denuncia formal.
“Celebramos que la presidenta retome una propuesta que Acción Nacional presentó desde diciembre del año pasado”, expresó el diputado federal Héctor Saúl Téllez, al reconocer que el país necesita actuar de manera urgente frente al crecimiento sostenido de este delito.
Esta postura marca un inusual punto de coincidencia entre el Poder Ejecutivo federal y un partido de oposición, aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Extorsión como delito de oficio: una reforma con peso constitucional
Actualmente, la extorsión en la mayoría de los estados solo puede ser perseguida si la víctima presenta una denuncia, lo cual limita significativamente la acción del Estado frente a redes criminales que operan bajo amenazas o intimidación.
Con la reforma anunciada, se pretende modificar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a emitir una Ley General contra la Extorsión, que homologue el tipo penal en todo el país, establezca agravantes y permita que el delito sea investigado de manera automática por las fiscalías, incluso si la víctima prefiere guardar silencio por temor.
Desde el Congreso, Téllez hizo un llamado a no retrasar el análisis de esta reforma:
“Este delito lacera todos los días a miles de comerciantes, transportistas y familias. Si la voluntad política existe, debe reflejarse en una aprobación rápida”, subrayó.
El legislador recordó que su bancada propuso hace meses una reforma al artículo 73 constitucional para este mismo fin, por lo que no ve obstáculos para que ambas propuestas puedan converger.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
De aprobarse dicha iniciativa de reforma, la extorsión pasaría a integrar el grupo de delitos que pueden ser investigados de oficio, como el secuestro, la trata de personas y el homicidio. Además, se establecería una red de coordinación entre autoridades locales y federales, líneas telefónicas anónimas, y operativos específicos en los centros penitenciarios, donde se origina buena parte de estas prácticas delictivas.
“El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad. No podemos seguir dejando solas a las víctimas”, enfatizó el panista.
Esta reforma constitucional daría pie a una Ley General que obligue a todas las entidades federativas a adoptar un mismo estándar legal para castigar la extorsión, incluyendo sanciones más severas y medidas de reparación del daño.
El respaldo del PAN —históricamente crítico de las propuestas del Ejecutivo— abre la posibilidad de construir un consenso legislativo mayoritario en torno a un problema que, según cifras recientes, afecta de forma cotidiana a amplios sectores de la población.
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