Sin promedio, sin toga: INE revoca triunfo de 33 aspirantes a magistrados por bajas calificaciones
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El Instituto Nacional Electoral (INE) revocó el triunfo de 33 aspirantes a magistraturas tras detectar que no cumplen con el promedio mínimo requerido por la ley.
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La consejera electoral Carla Humphrey explicó que los perfiles afectados incumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que no pueden recibir la constancia de mayoría. Las irregularidades fueron detectadas en una revisión posterior a la jornada electoral.
“No estamos en una negociación de calificaciones. Si la ley pone un límite, ese límite es ése”, afirmó el consejero Uuc-kib Espadas, al rechazar que se puedan ‘redondear’ promedios.
La mayoría de los casos correspondió a candidatos que no alcanzaron los 9 puntos en materias especializadas, mientras que dos ni siquiera llegaron al 8 general exigido para licenciatura en Derecho.
Durante la sesión del Consejo General, se discutió una propuesta para permitir que los triunfos se mantuvieran pese a las calificaciones deficientes. Sin embargo, la mayoría de los consejeros consideró que tal decisión sería una violación directa a la ley.
Espadas advirtió que aceptar perfiles con promedios reprobatorios comprometería la integridad del proceso. Por su parte, la consejera Claudia Zavala criticó la falta de supervisión de los Comités de Evaluación —encargados de revisar el cumplimiento de requisitos— y señaló que el INE no debió llegar a este punto.
Proceso inédito y consecuencias legales
Este episodio ocurre en el marco del primer proceso de elecciones judiciales en México, donde los ciudadanos eligieron jueces y magistrados de circuito. En total se renovaron 850 cargos, lo que representa una transformación sin precedentes en la justicia federal.
Con la revocación de estos 33 triunfos, el INE notificará a los aspirantes y regresará sus expedientes a los Comités de Evaluación. Si hay impugnaciones, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determine el desenlace.
Además de los promedios, el instituto ha revisado que los perfiles no tengan antecedentes penales o sanciones por violencia de género, delitos sexuales o corrupción. Todo esto con el objetivo de garantizar la idoneidad y legitimidad de quienes aspiran a impartir justicia.
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