¿Cárcel o multa por lo que publicas en redes? Una nueva ley dice que sí
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Una reforma que ya está vigente permite encarcelar a personas por “insultar” en redes sociales o servicios de mensajería como WhatsApp. Leíste bien.
Aunque ya fue aprobada por el Congreso local de Puebla, su contenido ha desatado preocupación a nivel nacional por lo que muchos consideran un retroceso en libertades digitales. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
¿Qué castigo se propone para la protección digital?
El nuevo delito, tipificado como “violencia digital” en Puebla, contempla sanciones de hasta 3 años de prisión y multas cercanas a los 40 mil pesos para quien emita mensajes considerados ofensivos, humillantes o injuriosos de manera reiterada en medios digitales. La ley no define con claridad qué constituye un “insulto”, lo que ha encendido las alertas entre especialistas y organizaciones civiles.
Aunque el argumento oficial es combatir el ciberacoso, colectivos como Artículo 19, la Red de Periodistas de Puebla y Ciudadanía Organizada aseguran que esta legislación tiene potencial para convertirse en una herramienta de censura y persecución contra la crítica.
“Intenta proteger a las víctimas, pero termina generando miedo a expresarse. Es una ley que intimida”, advirtió un representante de Artículo 19.
La preocupación no es teórica: en Puebla, al menos 22 periodistas han enfrentado procesos judiciales en los últimos siete años, varios de ellos por publicar información incómoda para autoridades. Con esta nueva ley, bastaría con que un servidor público alegue sentirse ofendido por una publicación para iniciar una denuncia.
Una de las mayores críticas es la vaguedad del lenguaje. La norma castiga mensajes “reiterados” que causen daño emocional, pero no exige que exista una amenaza directa, ni una evaluación profesional del daño. En palabras de especialistas, cualquier comentario incómodo podría ser motivo de cárcel.
Además del “insulto”, la reforma contempla otros delitos como suplantación de identidad y ciberespionaje, pero ha sido el castigo a la expresión lo que ha generado mayor controversia.
¿Qué sigue ahora para dicha ley?
La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa, ha dicho que están abiertos a “escuchar a organizaciones civiles” y que el objetivo no es castigar la libertad de expresión, sino proteger a víctimas del abuso digital.
Sin embargo, los llamados a suspender su aplicación y revisar la redacción ya comenzaron a escucharse en todo el país.
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