“Trabajo infantil: la normalización de la violencia y el olvido de la infancia”
Por: Mónica Güicho González, Ex Magistrada Federal en materia Laboral y Candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2025.
Cada vez que un niño ofrece dulces en la vía pública, limpia vidrios en un semáforo o carga cajas en un mercado, estamos fallando como sociedad. Detrás de estas escenas —aparentemente cotidianas— hay una forma de violencia que hemos aprendido a ignorar: el trabajo infantil. Lo normalizamos, lo romantizamos, lo justificamos como necesidad económica. Pero no lo enfrentamos como lo que realmente es: una violación sistemática a los derechos de la infancia.
Un compromiso incumplido
En 2015, México, junto con otros países de América Latina, suscribió un compromiso regional para erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, en 2025, a pesar del marco legal vigente, la promesa sigue sin cumplirse. Las cifras no solo no bajan con la urgencia requerida, sino por el contrario, se han incrementado. Las políticas públicas no han sido suficientes. La voluntad política ha sido intermitente y la conciencia social, aún superficial.
El aumento del trabajo infantil en México refleja una tendencia preocupante en América Latina y el Caribe, donde, a pesar de los compromisos internacionales, la erradicación del trabajo infantil para 2025 se aleja cada vez más. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, aproximadamente 3.7 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil, lo que representa el 13.1% de la población infantil en ese rango de edad. Esta cifra muestra un incremento del 12.1% respecto a 2019.
Lo más alarmante es que el trabajo infantil se ha normalizado, incluso cuando adopta formas graves y peligrosas. En calles, esquinas y semáforos, niñas y niños menores de edad trabajan en la venta informal sin protección ni garantías. En hogares de clase media o alta, muchas veces las niñas indígenas son empleadas como trabajadoras del hogar bajo condiciones de explotación. Esta situación, tolerada por décadas, contradice no solo los principios éticos, sino también compromisos legales internacionales que México ha ratificado.
No son “niños trabajadores”, son infancias robadas
El trabajo infantil compromete la educación, daña física y emocionalmente a los menores, y los condena a ciclos de pobreza. Las niñas, en particular, enfrentan una doble carga: trabajo doméstico no remunerado, discriminación y, en muchos casos, violencia de género. En zonas rurales e indígenas, estas realidades se agudizan por la desigualdad estructural y el abandono del Estado.
En este contexto, el desconocimiento de las leyes es un agravante. Muchas familias no saben que están vulnerando derechos; muchos niños creen que trabajar es su única opción. Urge informar, educar y sensibilizar.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, México se enfrenta a una realidad incómoda: a pesar de contar con un sólido marco legal y haber firmado compromisos internacionales, miles de niñas y niños continúan realizando trabajos que comprometen su salud, desarrollo y futuro.
Cronología jurídica: la infancia como sujeto de derechos
La lucha internacional contra el trabajo infantil tiene bases jurídicas claras. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) estableció el derecho a condiciones laborales seguras y la protección especial para menores. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño subrayó que los Estados deben proteger a los menores de la explotación económica y garantizar su derecho a la educación, salud y juego.
La Organización Internacional del Trabajo ha sido clave. En 1973, el Convenio 138 fijó la edad mínima de ingreso al empleo, ligada al cumplimiento de la educación obligatoria. En 1999, el Convenio 182 dio un paso fundamental: definió y condenó las peores formas de trabajo infantil, incluyendo esclavitud, trata, reclutamiento de niños para conflictos armados, narcotráfico, prostitución, pornografía y trabajos que perjudiquen su salud, moralidad o dignidad.
En el plano nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 123 altos estándares, obligaciones, principios para proteger a las infancias de forma prioritaria en el marco de los derechos humanos. Sin embargo, estas garantías aún no se traducen plenamente en acciones efectivas.
De este marco jurídico internacional y nacional surgen los principios rectores de los derechos humanos en este campo —aunque erradicar el trabajo infantil requiere más que leyes; requiere un enfoque basado en derechos humanos, especialmente aquellos recogidos en el sistema universal de protección de niñas, niños y adolescentes (NNA)— entre los que destacan:
- El interés superior del niño, que debe ser considerado prioritario en todas las decisiones y medidas que los afecten.
- El derecho a ser escuchados, para que los NNA puedan participar en los asuntos que impactan sus vidas.
- La no discriminación, garantizando que sus derechos se apliquen sin distinción por género, origen étnico, situación económica o cualquier otra condición.
- El derecho a la vida, integridad, privacidad, acceso a la información y al desarrollo, como pilares del bienestar infantil.
Desigualdad estructural: una realidad que golpea más a quienes menos tienen
Las niñas y adolescentes enfrentan vulnerabilidades particulares, como el matrimonio precoz, el trabajo doméstico no remunerado y la exclusión educativa. En el ámbito rural, los menores trabajan muchas veces en condiciones más riesgosas y alejadas de la supervisión institucional.
En las comunidades indígenas, la discriminación estructural agrava el problema, dificultando el acceso a servicios, educación y protección legal. Mientras tanto, el trabajo infantil doméstico, que recae principalmente en niñas, sigue siendo invisibilizado y normalizado.
Desinformación y normalización: los obstáculos invisibles
Uno de los problemas más persistentes es el desconocimiento de la ley. Muchas familias permiten que sus hijos trabajen porque lo consideran necesario o porque ignoran que existen opciones legales y sociales. Esta situación se agrava cuando los menores trabajan en sectores informales o en negocios familiares, lejos del radar de las instituciones.
Más allá de los tratados, la realidad en México es alarmante. Millones de niñas y niños trabajan en sectores formales e informales. Algunos en situaciones de esclavitud moderna; otros, en ocupaciones peligrosas que afectan su cuerpo y su mente. Y otros más, en tareas aparentemente “inocuas” que hemos aprendido a tolerar, como vender en la calle o apoyar en negocios familiares, incluso durante horarios escolares.
Esta normalización es abominable. No importa si lo hacen “por necesidad” o si son acompañados por sus padres. El trabajo infantil es un fracaso colectivo: de las instituciones, del sistema económico y de una sociedad que ha naturalizado el abandono.
El problema se agrava en comunidades rurales e indígenas, donde las condiciones de pobreza estructural, discriminación y falta de acceso a servicios básicos obligan a miles de menores a integrarse prematuramente al mercado laboral.
Las niñas: doblemente vulneradas
Las niñas enfrentan una carga doble. No solo trabajan fuera de casa, sino que además asumen responsabilidades de cuidados al interior del hogar: cuidar a hermanos menores, hacer tareas domésticas, renunciar a la escuela por las exigencias familiares. En muchas regiones del país, el matrimonio infantil forzado sigue siendo una realidad que profundiza su exclusión y las expone a violencia sexual y económica.
Eliminar el trabajo infantil no es solo una meta institucional: es una responsabilidad compartida entre autoridades, sociedad civil, empresas, medios y ciudadanía. Para avanzar, se requiere un enfoque integral que combine el fortalecimiento legislativo, la vigilancia activa y campañas de concientización que cambien la percepción social del trabajo infantil.
El trato a la niñez como espejo de la sociedad
Las niñas, niños y adolescentes son el grupo más vulnerable en cualquier sociedad. Su bienestar y desarrollo dependen directamente de las decisiones políticas, económicas y culturales que se tomen en su entorno. Cuando una sociedad descuida a su niñez, ya sea por falta de acceso a educación, salud, protección contra la violencia o participación en decisiones que les afectan, está revelando una profunda desigualdad y una desconexión con los principios de dignidad humana y justicia social. La manera en que tratamos a nuestra niñez refleja el verdadero rostro de nuestra sociedad; nuestras acciones hacia ellos revelan aspectos fundamentales de nuestra identidad colectiva.
Urgencia ética, cultural y política
La niñez no puede esperar más. Protegerla es invertir en el futuro del país; ignorarla es perpetuar ciclos de pobreza, exclusión y violencia.
Erradicar el trabajo infantil no es una meta burocrática ni una aspiración futura. Es un imperativo ético que debe guiar la política pública y la transformación cultural. Significa dejar de ver a la niña o niño trabajador como “ejemplar” o “valiente” o como “ajeno”, y reconocerlo como víctima de un sistema que ha fallado en protegerlo. Las instituciones deben actuar con firmeza. Pero también nosotros, como sociedad, debemos dejar de mirar hacia otro lado., y verlo como lo que realmente es: una víctima de exclusión.
Necesitamos sancionar las prácticas que perpetúan esta explotación, pero también reeducar al país. Las leyes ya existen. Falta que se cumplan. Y falta que la sociedad comprenda, de una vez por todas, que ningún niño debería trabajar para vivir. Tiene derecho a vivir plenamente su infancia.
El Sistema Nacional de Cuidados: una herramienta clave para proteger a la infancia
Frente a estas realidades, la implementación del Sistema Nacional de Cuidados representa una solución urgente y transversal. Este sistema puede brindar apoyo a las familias, garantizando tiempo y recursos para el cuidado de la niñez, y liberando a menores del peso de las tareas laborales. Además, beneficia especialmente a las mujeres, a las personas mayores y a las personas con discapacidad, al redistribuir las tareas de cuidados que tradicionalmente recaen sobre ellas.
El fortalecimiento de este sistema, junto con una cobertura social integral, puede convertirse en un instrumento poderoso para cortar de raíz las causas estructurales del trabajo infantil.
Reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano fundamental es esencial para garantizar el desarrollo integral de las infancias en México. El Sistema Nacional de Cuidados debe ser una herramienta eficaz para asegurar que todas las niñas y niños, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a servicios de cuidado y educación de calidad y es imperativo que este sistema se implemente con un enfoque interseccional, inclusivo y corresponsable, involucrando al Estado, las familias, las empresas y la sociedad en general.
¿Y si no fuera tan costoso?
Un estudio de la OIT, Costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe (2015), es claro: bastaría el 0.3% del PIB de cada país para lograrlo. Un monto modesto si se compara con el daño estructural que genera a largo plazo. Lo que falta no son recursos, sino voluntad política y conciencia social.
Cada niño que deja de estudiar para trabajar representa una pérdida de capital humano, de productividad futura y de cohesión social. Lo que hoy se tolera por “necesidad” se convierte mañana en pobreza crónica, exclusión y violencia intergeneracional. No más indiferencia: la infancia no debe pagar nuestros fracasos.
Erradicar el trabajo infantil requiere más que leyes: exige un cambio cultural profundo y debemos cambiar porque el mayor legado de nuestra generación es, sin duda, lograr la protección de los más vulnerables. Proteger a la niñez no es un acto de caridad: es una obligación histórica. Y no hay mayor urgencia que salvar la infancia del abandono, la explotación y el silencio. ¡Es ahora o nunca!
