El juicio de amparo y su vínculo con las elecciones de 1 de junio de 2025
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Por: Ana Laura Santana Valero
Según la Encuesta de Opinión Pública sobre el Poder Judicial y su Reforma en México, realizada por la Fundación Konrad Adenauer en septiembre de 2024, solo el 9% de los mexicanos puede mencionar espontáneamente un tribunal de circuito o un juzgado de distrito, y apenas el 5% ha tenido contacto directo o indirecto con jueces federales. Estas cifras revelan un preocupante desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema judicial y de la existencia del juicio de amparo.
El juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional que tiene como finalidad proteger a todas las personas en México frente a actos de autoridad o normas que violen derechos humanos, el cual puede tramitarse por dos vías: amparo indirecto y amparo directo.
A través del amparo indirecto, cualquier persona puede impugnar leyes o actos de autoridad que considere contrarios a los derechos reconocidos por la Constitución. Estos juicios son tramitados y resueltos por las juezas y jueces de Distrito, mientras que las magistradas y magistrados de Circuito revisan que dichas resoluciones se apeguen a derecho.
Por su parte, el amparo directo se presenta ante los Tribunales Colegiados de Circuito y tiene como finalidad impugnar sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales o administrativos. Este tipo de amparo ha permitido combatir decisiones como sentencias penales condenatorias, resoluciones que niegan la reinstalación de un trabajador, sentencias agrarias o resoluciones que afectan la patria potestad de un menor.
Gracias al juicio de amparo, muchas personas han logrado obtener la entrega de medicamentos, la programación de citas médicas, la respuesta a solicitudes presentadas ante autoridades, la devolución de impuestos, el otorgamiento de pensiones, e incluso documentos de identificación. Es, sin duda, una herramienta poderosa para la defensa de los derechos fundamentales.
A pesar de su relevancia, la mayoría de la población desconoce la existencia del juicio de amparo, ante qué autoridades se presenta y qué alcance tiene en la protección de sus derechos. Esta falta de conocimiento podría tener implicaciones serias frente a la elección que se llevará a cabo el próximo 1 de junio de 2025.
Si la ciudadanía no comprende qué hacen los jueces y magistrados federales, ni cómo sus decisiones impactan en su vida diaria, es probable que subestimen la importancia de participar en el proceso electoral. Esto podría traducirse en baja participación ciudadana o en el respaldo de perfiles que no cuentan con la experiencia necesaria para ocupar estos cargos de alta responsabilidad.
Por ello, es indispensable que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se limite a comunicar que el 1 de junio de 2025 habrá elecciones de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación o a mencionar los cargos que habrán de elegirse, sino que es necesario que se sume a los esfuerzos que los candidatos estamos realizando para informar a la ciudadanía qué es el juicio de amparo y cuál es el papel que los jueces y magistrados federales desempeñan en su resolución.
Porque una democracia efectiva no solo se construye con el voto, sino también con ciudadanos informados que comprendan la trascendencia de sus decisiones.
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