A diez años de una sentencia que cambió la justicia para las mujeres
Por Mario Alberto García Acevedo
El 25 de marzo pasado, se cumplió una década de una resolución histórica emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (15 años desde los hechos que la motivaron), que sentó un precedente fundamental para proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia: la sentencia del caso Mariana Lima Buendía.
La sentencia —quizás una de las más emblemáticas en materia de derechos humanos en nuestro país— no solo evidenció las graves deficiencias del sistema de procuración de justicia, sino que obligó a todas las autoridades a incorporar la perspectiva de género desde el primer momento en que se conoce que una mujer fue privada de la vida, de manera violenta o en circunstancias sospechosas.
Una historia marcada por la impunidad
Mariana Lima era una joven abogada que estaba casada con un comandante de la policía ministerial. El 29 de junio de 2010, fue encontrada muerta en su casa; su esposo aseguró que se trató de un suicidio y no quiso denunciar, pero su madre, Irinea Buendía, sabía que no era así. Desde el principio denunció que Mariana era víctima constante de violencia física, sexual y psicológica por parte de su pareja.
A pesar de las múltiples señales de abuso y del contexto de violencia en que ocurrió la muerte, las autoridades locales concluyeron rápidamente que no había delito que perseguir. En pocas semanas, la entonces Procuraduría cerró la investigación, sin recabar pruebas básicas, sin reconstrucción de hechos y sin considerar la violencia de género como un factor clave.
Irinea no se quedó callada. Acudió al amparo, y tras años de lucha legal, su caso llegó hasta la Suprema Corte.
La resolución (Amparo en Revisión 554/2013)
En marzo de 2015, la Primera Sala del Máximo Tribunal ordenó reabrir la investigación. Pero hizo mucho más que eso: estableció que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidios, al menos como línea inicial de investigación, hasta que se demuestre lo contrario. Este criterio marcó un antes y un después en la justicia penal y para la protección de derechos humanos de las mujeres.
Se determinó con claridad que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar con debida diligencia, sin prejuicios y con perspectiva de género, bajo los estándares internacionales más altos; también, que ignorar señales de violencia o tratar a las mujeres como sospechosas de su propia muerte es una forma más de violencia institucional, ejercida por el Estado.
¿Qué cambió desde entonces?
Esta sentencia no resolvió todos los problemas, pero sentó las bases legales para exigir justicia con enfoque de género. Desde entonces, cualquier agente del Ministerio Público que reciba un caso como el de Mariana está obligado a actuar con profesionalismo y sin estigmas machistas.
Gracias a esta resolución, organizaciones feministas, víctimas y defensoras tienen una herramienta jurídica para impugnar investigaciones deficientes. Ha sido citado en miles de casos, ha formado parte de protocolos oficiales y ha ayudado a visibilizar que el feminicidio no es un fenómeno aislado, sino estructural.
La resolución también inspiró reformas legales y la creación de fiscalías especializadas. Incluso la narrativa mediática y política sobre la violencia contra las mujeres empezó a cambiar tras este parteaguas judicial.
Y, en el caso particular, en marzo de 2023, un juez penal condenó al responsable con una pena de 70 años de prisión, por el asesinato de Mariana.
¿Por qué importan los tribunales de amparo?
Con sentencias como esta, se demuestra que el trabajo de los tribunales y de la Suprema Corte puede cambiar vidas. La sentencia representó una modificación en la forma en que se investigan las muertes violentas de mujeres, pero hay que aclarar algo: esto no hubiera sido posible sin la resiliencia y valentía de Irinea, madre de Mariana, pues tuvo que pasar por un tortuoso camino de prácticamente 13 años, desde que le arrebataron a su hija y hasta que el causante de su muerte finalmente fue condenado; es principalmente gracias a ella que hoy México sabe que Mariana Lima no se suicidó, sino que la asesinaron.
Este caso evidencia la gran responsabilidad que tienen los tribunales de amparo para la protección de derechos humanos, pues ninguna madre, padre ni cualquier persona debería esperar tantos años para obtener justicia después de que el Estado falló en su deber de protegernos.
Justicia como la de Mariana Lima no debería ser la excepción, sino la regla. Diez años después de la sentencia que cambió la justicia penal con perspectiva de género, su madre sigue siendo un símbolo de lucha, pero también un recordatorio de todo lo que aún falta por hacer.
