Cuando llegar no es suficiente: la violencia política contra las mujeres
Por Dora Alicia Martínez Valero
La llegada de las mujeres a espacios de poder político representa una batalla ganada tras décadas de lucha. Sin embargo, esta victoria ha revelado una dolorosa realidad: lograr un cargo no garantiza la posibilidad de ejercer el poder. La violencia política contra las mujeres se ha convertido en un mecanismo invisible pero efectivo para mantener intactas las estructuras tradicionalmente masculinas.
Esta problemática opera en múltiples niveles. Comienza con microagresiones normalizadas: interrupciones en reuniones, descalificación de propuestas o comentarios sobre la apariencia física en lugar del contenido de sus intervenciones. El camino es tan arduo que muchas terminan aceptando esta violencia como parte del proceso, instalándose la creencia de que deben aguantar el doble para demostrar la mitad.
Más allá de las agresiones individuales, existen barreras institucionales. Son frecuentes los casos en los que, una vez que una mujer asume un cargo, encuentra que sus facultades han sido reducidas o que las estructuras operativas obstaculizan su gestión. Los acuerdos reales suceden en entornos informales tradicionalmente masculinos, donde las mujeres son sistemáticamente excluidas.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta particularmente efectiva para ejercer violencia política de género. Un caso emblemático ocurrió en Irimbo, Michoacán. El 5 de julio de 2024, el Tribunal Electoral local anuló la elección del Ayuntamiento tras comprobar una campaña sistemática de violencia política contra la candidata del PRD a la presidencia municipal.
A través de redes sociales y medios locales, se buscó ridiculizarla, desprestigiarla y afectar su imagen pública, utilizando estereotipos de género para minar su derecho a contender en condiciones de equidad. Esta resolución histórica estableció un precedente al reconocer que la violencia digital puede tener consecuencias tan graves como para invalidar todo un proceso electoral.
Incluso las más altas funcionarias enfrentan este tipo de violencia. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha denunciado insinuaciones constantes de que sus decisiones están dictadas por otros políticos varones, cuestionando su autonomía intelectual. Este patrón persiste a pesar de su preparación y trayectoria, lo que demuestra que ningún nivel de poder está exento de estos mecanismos de deslegitimación, siempre que quien lo ejerza sea una mujer.
Sin embargo, el concepto de violencia política de género ha sido tergiversado en algunos casos. Si bien es fundamental proteger a las mujeres en el ámbito político, hay quienes lo utilizan de manera estratégica para evitar el escrutinio público. Algunas funcionarias han calificado como “violencia política” cualquier crítica a su gestión, desviando la atención de posibles irregularidades y debilitando un concepto crucial para la protección de los derechos políticos de las mujeres y este tipo de actitudes ha invisibilizado verdaderos casos de violencia.
La reforma de 2020 estableció una definición clara de la violencia política contra las mujeres en razón de género, tipificándola como delito y creando mecanismos para su denuncia. No obstante, la aplicación efectiva sigue siendo un desafío.
La verdadera transformación paritaria requiere no solo más mujeres en el poder, sino también un cambio en las reglas del juego político. Es necesario diseñar instituciones que garanticen el ejercicio pleno del poder, con protocolos rigurosos y sanciones ejemplares.
Mientras esta transformación ocurre, miles de mujeres en la política continúan enfrentando una disyuntiva cruel: adaptarse a estructuras diseñadas para excluirlas o pagar el precio de desafiarlas. La deuda con la igualdad sustantiva va más allá de la paridad numérica. La democracia no puede ser plena sin justicia de género. Reformar las instituciones es solo el primer paso; garantizar su aplicación será la verdadera prueba de nuestro compromiso con la igualdad.
