Por Lic. Luis Rafael Hernández Palacios Mirón
Nuestro país fue reconocido en el siglo pasado como pionero en la declaración de los derechos sociales, a nivel internacional. En efecto, la Constitución de 1917 puso en pie por primera vez en la historia, el derecho de los campesinos a la tierra y de los trabajadores a salario remunerador, contratación colectiva y prestaciones sociales. De estos derechos me ocuparé, en esta ocasión, del que se refiere a la tierra.
El reconocimiento de la propiedad comunal y la dotación de tierras a ejidos fueron elementos fundamentales para la modernización del país. Durante décadas, el campo mexicano no solo fue el motor de la economía nacional, sino el sustento de millones de familias cuya identidad y arraigo a la tierra les permitió, además, contribuir a la industrialización y los procesos de urbanización.
Históricamente en México la Reforma Agraria, se ha ocupado de fijar las formas de propiedad rural; la naturaleza jurídica de cada una de ellas, los requisitos para su creación, modalidades, modificación y transmisión; las acciones agrarias y los procedimientos de reconocimiento y titulación de tierras comunales; dotación y ampliación de tierras y aguas; creación de Nuevos Centros de Población Ejidal. Es decir: el reparto agrario.
Sigue leyendo: ¿Por qué la reforma contra el nepotismo se aplicará hasta el 2030?
Pero igualmente se encargó de crear la infraestructura económica productiva (aprovechamiento de los recursos hídricos; caminos rurales y de producción rural); el crédito rural; los desmontes; las semillas mejoradas; los fertilizantes; la sanidad fitopecuaria y el control de plagas; los servicios de asistencia técnica agrícola, ganadera, forestal; la fijación de los precios a los productos agropecuarios y forestales; concertación de pactos y programas; entre otros más.
Sin embargo, las políticas neoliberales de los años noventa impusieron una contrarreforma agraria que canceló el reparto de tierras y promovió la privatización del territorio ejidal y comunal. Se buscó transformar el régimen agrario con la promesa de mayor productividad y desarrollo económico, pero la realidad fue otra.
Se debilitó la estructura social del campo, se redujo la seguridad alimentaria y se generaron conflictos por la explotación de recursos naturales. Pese a ello, los ejidos y comunidades han demostrado su fortaleza, impidiendo que la lógica mercantilista desplace la vocación social de la tierra.
Sigue leyendo: Denuncias falsas: Un costo que todas las mujeres pagamos en México
Los nuevos retos de la justicia social
Hoy, la justicia agraria enfrenta desafíos que van más allá del acceso a la tierra. Se orienta a la construcción del concepto de territorio. La protección de los bienes naturales, el derecho al agua, la biodiversidad y el conocimiento tradicional son elementos que deben incorporarse al marco jurídico para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. No basta con reconocer la propiedad social; es imprescindible establecer mecanismos efectivos para su aprovechamiento sustentable.
En este contexto, la próxima renovación del Poder Judicial abre una oportunidad histórica para que se actualice la agenda de justicia social. La elección de Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe reducirse a una disputa de intereses políticos, sino a un ejercicio que garantice que el derecho social se fortalezca como un eje rector del desarrollo nacional. Es tiempo de que surjan nuevas voces: los abogados de la naturaleza, los abogados de los núcleos agrarios, los abogados de los pueblos originarios. Quienes entienden que la tierra es más que un bien comercial: es historia, cultura, identidad y, sustento y futuro de la nación.
El modelo de desarrollo debe dejar de privilegiar el despojo y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. En su lugar, debe consolidarse una visión de justicia territorial que permita a ejidos, comunidades y pueblos originarios no solo preservar su dignidad, sino fortalecer su papel como actores centrales en la soberanía alimentaria, la conservación ambiental y la economía del país.
El desarrollo sustentable que se entiende como el uso de la tierra y los recursos naturales para el mejor bienestar del mayor número de personas sobre el período más largo posible, es hoy más que nunca la luz del túnel del siglo XXI.
Sigue leyendo: ¿Sí se aplicarán los aranceles de Donald Trump? Esto dice Claudia Sheinbaum
Recientemente de manera muy puntual, se ha documentado el mosaico de ecosistemas que existen en el territorio nacional. Las áreas naturales protegidas constituyen un instrumento toral en la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos. Generan así, una matriz territorial para iniciativa de conservación y desarrollo sustentable, en la cual es posible armonizar políticas y esquemas de regulación, dada la solidez de las bases jurídicas que la soportan.
Requerimos construir un nuevo derecho social, territorial y ambiental que sea discernible, justiciable y ejecutable.