Si la elección popular de jueces ha sido un fracaso, como Bolivia lo prueba, para qué insistir en un proyecto condenado al caos, se pregunta el autor, distinguido historiador
Pedro Aguirre
@elosobruno
El único país del mundo donde se elige a los jueces de la Suprema Corte de Justicia por voto popular es Bolivia. Pero las elecciones judiciales, que debieron celebrarse en 2023, no se efectuaron a causa de una pugna entre el actual presidente, Luis Arce, y su antecesor, Evo Morales.
Estos dos políticos, por mucho tiempo cercanos aliados, ahora son rivales acérrimos rumbo a las elecciones presidenciales de 2025, en las que ambos pretenden ser candidatos.
Arce fue ministro de Finanzas de Morales hasta 2019, cuando éste se postuló para un inconstitucional tercer mandato consecutivo. Ganó las elecciones, pero las acusaciones de fraude provocaron protestas masivas y, bajo la presión del ejército, Evo renunció y se exilió.
Cuando se celebraron nuevas elecciones, en 2020, Morales designó a Arce como candidato del MAS (Movimiento al Socialismo). Este partido recuperó el poder y Morales regresó a Bolivia con la vista puesta en las elecciones de 2025.
Pero pronto quedó claro que Arce planeaba postularse para un segundo mandato. Dio principio entonces a una enconada lucha por el control del partido político dominante en Bolivia, la cual involucra a dos hombres que han intercambiado acusaciones de traición, corrupción y narcotráfico.
De ese tamaño es la división en el MAS. Como resultado de esta contienda, se ha creado un atasco en el Congreso, y ello ha evitado la elección de los jueces, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema, quienes son votados cada seis años en un proceso a dos pasos: primero, una supermayoría de dos tercios en el Congreso selecciona una lista corta de candidatos. De ahí, la gente va a las urnas. Este mecanismo ha demostrado ser vulnerable a la interferencia política y ha dado como resultado una suprema corte ineficaz, proclive a la corrupción y escorada a favor de los intereses del partido oficial.
Tanto en 2011, como en 2017, el MAS controló una supermayoría en el Congreso. Ello le permitió elegir a voluntad las listas de candidatos a jueces con muy poca transparencia, supervisión ciudadana, compromiso político o, al menos, una mínima evaluación adecuada.
En ambas ocasiones, la oposición llamó a la abstención. Se registró un 59 por ciento de voto nulo o en blanco en 2011, y 66 por ciento en 2017, lo cual restó legitimidad a las cortes más importantes del país.
Los mandatos de los actuales jueces deberían haber terminado a finales de 2023, pero los miembros del Tribunal Constitucional decidieron prorrogar los mandatos de forma indefinida. Desde entonces, el Tribunal ha emitido una serie de fallos favorables al gobierno. El más polémico pretende descalificar a Morales para postularse en 2025.
Evo y sus partidarios insisten en celebrar cuanto antes las elecciones judiciales y, en pos de ello, han generado una crisis política de considerables dimensiones.
El 6 de junio, con Arce de visita en Rusia, el bloque de legisladores del MAS votó con dos partidos de oposición una ley para poner fin a los mandatos de los jueces en funciones y reactivarían el proceso para las elecciones judiciales.
Bolivia está ahora a la espera de ver cómo responderá el Tribunal Constitucional. Si dictamina la validez de la sesión, los mandatos de los jueces actuales se finiquitarán y deberán consensarse las listas para proceder a la elección; si se declara inválida (lo más seguro según expertos) la crisis política e institucional de Bolivia seguirá profundizándose. A Morales le salió el tiro por la culata, ahora que los jueces, que él mismo impulsó no le responden a él, sino al nuevo presidente. Pero el mayor perdedor es el pueblo y el Estado de Bolivia.
¿Tan difícil es para los mexicanos darnos cuenta de que marchamos hacia el pantano con esta ocurrencia?
POR VOTO POPULAR
En Bolivia el resultado del mecanismo fue una vulnerabilidad ante la interferencia política y una Suprema Corte ineficaz, proclive a la corrupción y a favor de los intereses del partido oficial.
