Abril de 2027: Arrancará selección judicial en pleno periodo de campañas políticas
Por: Victor Hugo González Rodríguez
El calendario institucional en México enfrentará en abril de 2027 una prueba para la vida democrática del país. Con la entrada en vigor de la reforma constitucional promulgada en junio de 2026, la próxima jornada para elegir a integrantes del Poder Judicial se trasladó de 2027 al domingo 4 de junio de 2028. Sin embargo, este aplazamiento de la votación no significa que el proceso quede aislado de la contienda partidista, ya que el Poder Legislativo publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a más tardar el treinta de abril de 2027, justo en el punto más álgido de las elecciones intermedias.
El problema radica en la coincidencia de los tiempos. Según el calendario aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), del 4 de abril al 2 de junio de 2027 se desarrollarán las campañas constitucionales para renovar 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y miles de ayuntamientos en todo el territorio nacional. Es decir, la selección de quienes aspiren a ocupar cargos como personas juzgadoras ocurrirá exactamente en medio de la disputa política por el Poder Legislativo y los ejecutivos locales.
Esta superposición de agendas coloca al Poder Legislativo en una posición delicada y le impone una doble responsabilidad institucional:
• Evitar la interferencia en los comicios ordinarios: El arranque de la convocatoria judicial y la instalación de los comités de evaluación no deben convertirse en una herramienta de propaganda ni en un tema de golpeteo electoral que distorsione la equidad de las campañas de 2027. Las y los legisladores deberán conducirse con estricto apego a la neutralidad para que la agenda judicial no contamine la competencia por los cargos de elección popular.
• Blindar la elección judicial contra intromisiones partidistas: El mayor riesgo de iniciar la selección de perfiles judiciales durante una contienda política es que las estructuras partidistas, los grupos de interés o las negociaciones de coyuntura intenten influir en la conformación de los listados de aspirantes. Aunque la reforma de 2026 creó una Comisión Coordinadora única para homologar criterios y aplicar exámenes de conocimiento, la vigilancia sobre la transparencia de los comités será fundamental para garantizar que los perfiles elegidos respondan a méritos técnicos y no a cuotas políticas.
El objetivo central de haber pospuesto la jornada electoral judicial hasta junio de 2028 fue precisamente separar la elección de personas juzgadoras de la dinámica partidista, simplificar las boletas y fomentar una mayor participación ciudadana; sin embargo, el legislador omitió ajustar la fecha de inicio del proceso.
Por ello, el éxito de esa separación dependerá de lo que ocurra en las oficinas legislativas a partir de abril de 2027. El Congreso tendrá el reto de demostrar madurez institucional para administrar dos procesos de naturaleza distinta de forma paralela, asegurando que la política partidista no capture la antesala de la justicia y que la ciudadanía pueda acudir a las urnas en 2027 y en 2028 con plena certeza y confianza en sus instituciones.

