Justicia cívica, no penal: Una reforma necesaria para la CDMX
Por: Victor Hugo González Rodríguez
El derecho penal debe ser la última herramienta del Estado, no la primera. Bajo esta premisa de mínima intervención se fundamenta la reciente iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, que propone trasladar los robos menores sin violencia a la justicia cívica. Aunque la propuesta ha levantado cejas entre quienes confunden severidad con eficacia, un análisis jurídico profundo revela que la medida es un paso necesario para evitar el abuso del derecho penal y optimizar el sistema de justicia.
En México, las salas de audiencias penales, las unidades de gestión, el sistema penitenciario y las agencias del Ministerio Público se encuentran históricamente colapsados. Miles de personas saturan las cárceles bajo la figura de la prisión preventiva o purgando penas menores por hurtar objetos de primera necesidad o montos insignificantes. Utilizar toda la maquinaria penal —policías de investigación, peritos, fiscales y personas juzgadoras— para perseguir un robo de cuantía mínima no solo es económicamente ineficiente, sino que desvirtúa la naturaleza del derecho penal, el cual debe reservarse exclusivamente para las conductas que fracturan de forma grave el tejido social.
La propuesta de la jefa de Gobierno no fomenta la impunidad ni legaliza el hurto; por el contrario, racionaliza el castigo. Al establecer un límite estricto de 50 Unidades de Medida y Actualización (aproximadamente 5 mil 865 pesos) y exigir como requisitos indispensables que no exista violencia, que el infractor sea primodelincuente y que la víctima dé su consentimiento explícito, se blinda la seguridad ciudadana. El delito no desaparece del Código Penal, sino que se abre una vía alternativa y expedita para resolverlo.
Llevar estos casos ante un juez cívico mediante audiencias públicas y juicios orales ofrece una ventaja que el proceso penal difícilmente consigue: la reparación del daño inmediata. Para la víctima u ofendido de un robo menor, ver recuperado su dinero o su bien en cuestión de horas es mucho más valioso que iniciar un calvario burocrático de meses en el Ministerio Público que la mayoría de las veces termina en el abandono del caso. Para el infractor primario, la sanción —ya sea mediante arresto administrativo, trabajo comunitario o tratamiento de adicciones— busca una justicia restaurativa que frena la criminalización temprana en las prisiones.
Algunos sectores han criticado la medida argumentando que normaliza la delincuencia. Sin embargo, la verdadera normalización de la delincuencia ocurre cuando las fiscalías pierden tiempo valioso persiguiendo delitos menores mientras los feminicidios, las desapariciones, los secuestros, las extorsiones y los robos con violencia quedan impunes por falta de recursos y personal.
Despenalizar de facto las conductas de bajo impacto a través de la justicia cívica es una muestra de madurez jurídica. La iniciativa de Clara Brugada devuelve al derecho penal su carácter de última ratio y apuesta por un modelo donde la eficacia se mide en la reparación del daño a la víctima y no en el número de personas enviadas innecesariamente a prisión.
