CDMX en la Encrucijada Nacional: El Corazón de la Seguridad Federal y la Tarea Compartida
Por: Victor Hugo González Rodríguez
La Ciudad de México no solo es el centro político, cultural y económico del país, sino también el epicentro de la estrategia de seguridad nacional. Por su densidad poblacional, su infraestructura logística y su relevancia geopolítica, lo que ocurre en la capital repercute de manera inmediata en todo el territorio mexicano.
Recientemente, el panorama delictivo de la metrópoli quedó delineado en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, dado a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR). El informe señala que la Ciudad de México se ubica como una de las siete entidades del país que concentran a las organizaciones delincuenciales más activas; es decir, aquellas que detonan el mayor número de investigaciones del fuero federal. En este indicador, la capital se posiciona estrechamente detrás de estados como Jalisco, Sinaloa, el Estado de México, Sonora, Tamaulipas y Michoacán.
La magnitud del reto se refleja de forma contundente en la numeralia oficial de la Fiscalía: durante el año 2025, la Ciudad de México ocupó el primer lugar nacional en el inicio de carpetas de investigación por delitos del fuero federal, al acumular un total de 9 mil 37 expedientes. Esta cifra evidencia la intensa actividad de corporaciones criminales de alta complejidad que operan en la demarcación. Entre ellas destacan redes con arraigo local y ramificaciones internacionales como la Unión Tepito, la Anti-Unión, el Tren de Aragua, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Nuevo Imperio, la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa. Asimismo, se mantiene la vigilancia sobre bandas de alcance regional como el Cártel de Tláhuac, Los Malcriados 3AD (vinculados a Lenin Canchola), Los Tanzanios, Ronda 88, Los Rodolfos y células más compactas con operaciones en la zona oriente, como Los Molina.
Frente a esta radiografía de alta densidad criminal, la eficiencia del Gobierno federal y el de la Ciudad de México en la atención a la inseguridad se vuelve un pilar indispensable. El volumen de carpetas de investigación federales iniciadas no debe leerse únicamente como un síntoma de la problemática, sino también como el resultado de una autoridad federal y local activas que no maquillan cifras, procesan las denuncias y colaboran estrechamente con la procuración y la impartición de justicia. La respuesta gubernamental de la federación y de la capital se ha caracterizado por la profesionalización de sus cuerpos policiacos, la inversión en herramientas tecnológicas de vanguardia y el fortalecimiento de la inteligencia policial. Al desarticular activamente las finanzas, la logística y las operaciones de estas células, los gobiernos federal y local previenen que el impacto de estos grupos delictivos se traduzca en una violencia descontrolada en las calles, manteniendo así la operatividad de una urbe de más de nueve millones de habitantes.
Sin embargo, la complejidad del entorno demuestra que la fuerza del Estado por sí sola es insuficiente si no se acompaña de una sólida cohesión comunitaria. La paz, la justicia y la seguridad son corresponsabilidad de todos: del gobierno y de la sociedad. Los ciudadanos no son agentes pasivos del orden público; son el primer eslabón en la prevención del delito. Esta corresponsabilidad se materializa a través de la educación, la denuncia anónima, la participación en comités vecinales, la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción del tejido social desde las familias y las escuelas.
La Ciudad de México enfrenta un desafío de magnitudes federales, pero cuenta con las herramientas institucionales y la madurez civil para encararlo. Reconocer la complejidad de las organizaciones que operan en el territorio es el primer paso para combatirlas con inteligencia. En esta tarea, la coordinación entre la estrategia gubernamental y la participación responsable de la ciudadanía será la única fórmula capaz de mantener a la capital como un entorno seguro y próspero para todos.
