La extinción de dominio: golpear al dinero sucio con sentido común

Por: Jueza Amarande Riojas Orozco  

Desde mi trabajo diario en un juzgado penal federal veo una realidad que no podemos ignorar. A diario, las instituciones destinan horas de trabajo, recursos humanos y dinero público a procedimientos relacionados con bienes cuyo valor económico puede ser muy reducido. Mientras tanto, las grandes cantidades de dinero que mueven y fortalecen a las organizaciones criminales requieren investigaciones complejas, seguimiento financiero y una respuesta institucional que no siempre puede avanzar con la velocidad que necesitamos.

El problema no es que un bien pequeño no tenga importancia. El problema es que el Estado debe aprender a distinguir entre aquello que requiere toda la fuerza de un procedimiento judicial y aquello que puede resolverse de una manera más sencilla, rápida y eficiente.

La extinción de dominio se pensó precisamente como una herramienta para afectar el patrimonio relacionado con actividades ilícitas. En términos sencillos, permite que el Estado persiga determinados bienes que tienen un vínculo con hechos ilícitos, independientemente de que exista o no una sentencia penal previa en los términos que establece la ley. Se trata de una herramienta particularmente importante para combatir a quienes han convertido el dinero y los bienes en la estructura que permite que el crimen siga funcionando.

Porque detrás de una organización criminal no solamente hay personas. Hay casas, terrenos, vehículos, empresas, cuentas bancarias, dinero en efectivo y distintas formas de patrimonio que permiten financiar operaciones, esconder ganancias y mantener en funcionamiento una estructura delictiva.

Pero para que funcione correctamente también necesitamos preguntarnos cuánto cuesta al Estado recuperar determinados bienes y si estamos utilizando el procedimiento adecuado para cada caso.

Un procedimiento judicial implica trabajo de policías, ministerios públicos, peritos, notificadores, defensores públicos y órganos jurisdiccionales. Hay avalúos, traslados, almacenamiento, notificaciones y actuaciones que requieren tiempo y dinero. Cuando todo ese esfuerzo institucional se utiliza para recuperar un bien cuyo valor es mínimo, debemos preguntarnos si estamos administrando correctamente los recursos públicos.

No porque ese bien carezca de importancia jurídica, sino porque los recursos del Estado también son limitados.

Por eso considero necesario revisar y adecuar la legislación en materia de extinción de dominio para incorporar mejores prácticas y establecer mecanismos diferenciados de acuerdo con el valor y las características de los bienes. Los asuntos de menor cuantía podrían contar con procedimientos administrativos o simplificados, con reglas claras y con pleno respeto al derecho de audiencia y defensa, evitando que cada caso tenga que recorrer un camino largo y costoso cuando existen alternativas legales para resolverlo de manera más eficiente.

Esto permitiría que la FGR, OAJ, UIF, SSPC, en general, todas las autoridades que intervienen en dicho proceso, de forma coordinada, concentren una mayor parte de sus capacidades en aquello que verdaderamente puede afectar las finanzas de la delincuencia organizada.

Porque no es lo mismo recuperar una cantidad pequeña de dinero que identificar una cuenta con recursos millonarios relacionados con una estructura criminal. No es lo mismo un vehículo cuyo valor se reduce cada día que una red de inmuebles, empresas o cuentas utilizadas para ocultar y mover recursos ilícitos. La ley debe permitir que el Estado entienda esa diferencia.

Los procedimientos más complejos deben reservarse para los golpes de verdad: aquellos que permitan recuperar patrimonios importantes y, sobre todo, afectar la capacidad económica de quienes utilizan recursos ilícitos para seguir operando.

Pero hacer más eficiente la extinción de dominio no significa hacerlo a costa de las personas.

También debemos cuidar a quienes actúan de buena fe. Una persona que renta legalmente una casa o un local y que desconoce que su inquilino está utilizando ese inmueble para cometer un delito no debería convertirse automáticamente en víctima de un procedimiento interminable. La ley debe establecer mecanismos claros para que pueda acreditar su derecho y recuperar su patrimonio cuando corresponda.

La justicia debe distinguir entre quien participa en una actividad ilícita y quien, sin saberlo, termina relacionado con ella.

De la misma manera, debemos mirar qué sucede con los bienes asegurados mientras los procedimientos avanzan. Un automóvil que permanece durante años en un corralón pierde valor, se deteriora y genera costos de almacenamiento. Cuando jurídicamente sea posible disponer de determinados bienes de manera anticipada, deben existir mecanismos transparentes que permitan conservar su valor económico y garantizar que los recursos obtenidos queden debidamente protegidos mientras se determina su destino.

De poco sirve recuperar un bien si, cuando finalmente llega el momento de disponer de él, ya perdió una parte importante de su valor. Por eso hablar de extinción de dominio también es hablar de administración inteligente de los bienes y de los recursos públicos.

México necesita una legislación que permita perseguir el dinero del crimen con mayor inteligencia. No se trata de iniciar más procedimientos por el simple hecho de iniciar más procedimientos. Se trata de utilizar mejor las herramientas que ya existen, establecer filtros razonables para los asuntos de menor cuantía y concentrar la capacidad institucional en las estructuras patrimoniales que realmente fortalecen a la delincuencia.

La eficiencia no debe estar peleada con la justicia. Al contrario: cuando un sistema funciona correctamente, cada institución puede dedicar más tiempo y recursos a los asuntos que requieren una respuesta más profunda. La extinción de dominio debe servir para quitarle al crimen aquello que necesita para crecer: su capacidad económica. Entre menos recursos tengan, más fácil es acabar con esas organizaciones criminales.

Si los criminales pierden una fuente importante de financiamiento, un inmueble utilizado para operar, una empresa creada para ocultar recursos o una cuenta donde concentra ganancias ilícitas, el Estado no solamente recupera un bien. También puede afectar la capacidad de esa estructura para continuar funcionando de esa organización criminal. Ese es el verdadero sentido de seguir la ruta del dinero.

Por eso considero que una adecuación a la Ley de Extinción de Dominio debe mirar hacia dos objetivos al mismo tiempo: proteger con rapidez los derechos de las personas que actúan de buena fe y permitir que las autoridades concentren sus esfuerzos en los bienes y recursos que verdaderamente representan una capacidad económica para la delincuencia.

No necesitamos una justicia que simplemente acumule expedientes. Necesitamos una justicia capaz de distinguir, priorizar y actuar. Y más si se trtan de delicuentes que entre más dinero tengan más peligrosos son.

Los recursos públicos pertenecen a todos. Cada hora de un policía, de un perito, de un ministerio público o de un juzgador tiene un costo para la sociedad. Utilizarlos de manera responsable también es una forma de hacer justicia.

La delincuencia organizada no se fortalece solamente con armas o violencia. Se fortalece con dinero. Por eso, si queremos combatirla de manera efectiva, debemos ser capaces de llegar hasta donde más le duele: a los recursos que le permiten operar, crecer y reproducirse.

La justicia no se mide por amontonar expedientes en los tribunales, sino por desmantelar el poder económico de quienes han pretendido arrebatarle la paz a México. Recuperar lo que el crimen le quitó a la sociedad exige un Estado firme, inteligente y digno, capaz de cuidar el esfuerzo de las familias trabajadoras y de enfocar toda su fuerza institucional donde verdaderamente se defiende el porvenir de la patria.