Niñez y pantallas: la tutela de nuestros menores frente al poder digital
Por: Amarande Riojas Orozco, Jueza Décima Quinta de Distrito en Materia Penal
Impartir justicia exige asumir un deber indeclinable con el pueblo de México y velar siempre por quienes demandan nuestra más firme protección constitucional. En la labor jurisdiccional diaria, la defensa irrestricta de las infancias constituye una causa prioritaria, porque en su bienestar descansa, en buena medida, el porvenir de la nación. Hoy, ese compromiso nos convoca a mirar de frente un desafío impostergable: el impacto del uso indiscriminado de dispositivos móviles en las aulas y los riesgos que plantea el uso excesivo de las plataformas digitales.
El artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra el principio del Interés Superior de la Niñez. Este mandato supremo no admite interpretaciones tibias ni posturas partidistas; obliga a todas las instituciones del Estado a colocar la salud, el desarrollo integral y la seguridad de niñas, niños y adolescentes por encima de cualquier interés particular, mercantil o coyuntural. Proteger a la infancia no es una bandera de facciones: es una obligación jurídica.
El debate en torno a regular los teléfonos inteligentes en los centros escolares cuenta con plena solidez jurídica. Bajo un riguroso análisis de proporcionalidad constitucional, limitar el uso de pantallas personales durante la jornada escolar puede proteger el derecho a una educación integral, tutelado por el artículo 3.º constitucional. La escuela representa un espacio insustituible para el desarrollo del pensamiento crítico, la convivencia comunitaria y el juego libre. La evidencia disponible muestra, además, que el uso excesivo o inadecuado de dispositivos puede afectar la atención y el aprendizaje, mientras que la presencia de un teléfono móvil puede convertirse en un factor de distracción dentro del aula.
Reconocer esta realidad no significa rechazar la modernidad. La educación debe evolucionar a la par de los tiempos, integrando con sabiduría la inteligencia artificial, la programación y las herramientas digitales indispensables para el presente. La tecnología en el aula debe utilizarse con objetivos claros de aprendizaje y no convertirse en un medio para que las niñas y los niños consuman de manera pasiva aplicaciones comerciales diseñadas para mantenerlos conectados el mayor tiempo posible.
La propia UNESCO ha advertido que la tecnología puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje, pero debe utilizarse en condiciones que respondan a las necesidades educativas y al bienestar de los estudiantes, sin sustituir la interacción humana que constituye el corazón de la enseñanza.
La justicia social exige no trasladar toda la responsabilidad a las familias trabajadoras ni al magisterio. La raíz del problema también se encuentra en el modelo de negocio de las corporaciones tecnológicas, que estructuran determinados entornos digitales para captar y prolongar la atención de sus usuarios. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, esta realidad merece una protección reforzada. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales, así como la obligación de protegerlos frente a riesgos que puedan afectar su dignidad, seguridad y desarrollo.
Desde la materia penal, constatamos cómo la exposición de niñas, niños y adolescentes a entornos digitales sin controles adecuados puede facilitar conductas delictivas y ponerlos en contacto con riesgos que trascienden la pantalla. El acoso, la explotación sexual, el contacto con personas que buscan abusar de ellos y la difusión indebida de imágenes o datos personales son realidades que no podemos ignorar. Por ello, resulta imperativo exigir a las plataformas un estricto deber de cuidado y una mayor responsabilidad frente a los riesgos que sus propios sistemas pueden generar o amplificar, especialmente cuando se trata de personas menores de edad.
Legislar sobre esta materia exige rigor, evidencia empírica y trabajo interdisciplinario. La respuesta no puede construirse desde el miedo a la tecnología, pero tampoco desde la ingenuidad frente a sus riesgos.
La UNESCO ha señalado que el uso excesivo o inadecuado de las tecnologías puede tener efectos perjudiciales en el aprendizaje, mientras que la American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría), organización que reúne a alrededor de 67,000 pediatras y especialistas en salud infantil, advierte sobre los riesgos que el uso excesivo de medios digitales puede generar en niñas, niños y adolescentes, entre ellos afectaciones al sueño, el movimiento, la lectura y la convivencia.
Por ello, cualquier reforma legislativa debe construirse mediante mesas de trabajo conjuntas entre pedagogos, neurobiólogos, médicos pediatras, expertos en ciberseguridad y juristas. Solo el diálogo técnico entre especialistas permitirá diseñar normas equilibradas, proporcionales y basadas en evidencia, que protejan con eficacia a la infancia sin vulnerar arbitrariamente sus derechos de acceso a la información ni frenar el libre desarrollo de su personalidad.
No podemos pedirle a una familia que enfrente sola a plataformas diseñadas para mantener la atención de sus usuarios. Tampoco podemos exigirle al profesor que resuelva, dentro del aula, problemas como el uso excesivo del celular, el acoso digital, la exposición a contenidos inadecuados o el contacto con personas que pueden poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes. Proteger a nuestras infancias frente al poder digital es una responsabilidad compartida: las familias, las escuelas, las autoridades y las empresas tecnológicas debemos asumirla y actuar.
Servir a las mexicanas y los mexicanos desde la judicatura exige actuar con serenidad y firmeza frente a las nuevas realidades. Cuidar a nuestras infancias frente al poder digital no significa frenar la innovación; significa asegurarnos de que la tecnología esté al servicio de las personas y nunca por encima de su dignidad. En esa tarea, debemos mantener siempre el rumbo: actuar con la verdad, defender la libertad y ser leales a las y los mexicanos, porque esa es la responsabilidad que asumimos cuando decidimos servir a México.
En cada resolución y en cada espacio donde se construye justicia, nuestra responsabilidad permanece intacta: proteger a quienes más lo necesitan y defender sus derechos con la fuerza de la ley. La niñez no puede quedar a merced de un algoritmo. La tecnología debe servir a nuestros niños, no nuestros niños a la tecnología. Ese es el futuro que debemos defender para México.
