Cuando la trampa compite con el mérito: la IA y el futuro de las evaluaciones

Por: Jueza Amarande Riojas Orozco

Nos hemos acostumbrado a vivir entre contradicciones profundas y discursos injustos. Por un lado, persisten opiniones duras que etiquetan a las y los jóvenes de 18 años como apáticos o “flojos”, desestimando el enorme esfuerzo que realizan día a día. Recientemente, incluso circuló el video de una influencer y docente que, frente a un micrófono “privado”, afirmaba sin pena y con orgullo que “no todos deberían votar”, proponiendo exigir una “preparación mínima” para ejercer el derecho al voto. Por otro lado, la realidad muestra a miles de estudiantes madrugar, estudiar durante meses enteros sin descanso y poner toda su fe e ilusión en obtener un lugar en la universidad pública para transformar su vida mediante la educación.

Pero esa idea de condicionar nuestros derechos fundamentales a una evaluación previa no solo es abiertamente elitista, sino sumamente peligrosa desde la perspectiva legal y constitucional. Haciendo una reflexión cívica, existen una serie de preguntas que no tienen una respuesta sencilla: primero, ¿quién definiría exactamente cuál es ese conocimiento mínimo indispensable?, ¿quién diseñaría y evaluaría los exámenes?, ¿existirían espacios y cupos suficientes para capacitar a toda la población?, ¿serían pruebas presenciales o en línea?, ¿qué pasaría si alguien hiciera trampa o utilizara inteligencia artificial para aprobar?, ¿se les anularían las credenciales de elector a quienes usaran esas herramientas? Si una prueba académica importante se puede vulnerar, resulta absurdo y aterrador pensar en condicionar el voto, que es nada menos que la columna vertebral de la democracia.

Como suele ocurrir, la discusión teórica se manifestó de golpe en la realidad tras lo ocurrido en el proceso de admisión 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que se usaron de forma incorrecta las herramientas de inteligencia artificial durante el examen en línea. Esto distorsionó por completo los resultados, elevando los porcentajes de ingreso a niveles atípicos y dejando fuera a miles de aspirantes que contestaron con honestidad y que, en cualquier otro año, habrían alcanzado un puntaje aprobatorio para la carrera y el plantel de su elección. Debido a la magnitud de la irregularidad, las autoridades universitarias determinaron realizar un examen de control, lo que se traduce en la repetición de la prueba. Esta medida permite que la presenten de nuevo tanto los estudiantes que sí fueron seleccionados en el examen primigenio como aquellos que no lo fueron, pero que alcanzaron puntajes altos que en años pasados les hubieran permitido ingresar a la carrera de su elección.

Sin embargo, esa decisión no fue aceptada por todos y desencadenó una tormenta de opiniones encontradas: por un lado, provocó la comprensible molestia y oposición de quienes ya habían sido seleccionados y sienten la frustración de volver a presentar la prueba de forma presencial; por el otro, trajo un profundo sentido de alivio y justicia para quienes estudiaron honestamente y vieron cómo un algoritmo manejado con ventaja les quitaba el lugar con el que tanto soñaban en la UNAM. Como jueza, comprendo perfectamente ambos lados de la moneda: la incomodidad de quien padece las consecuencias de un proceso viciado y el clamor legítimo de quien exige una competencia limpia y transparente.

No se pueden ignorar las implicaciones logísticas, económicas y sociales que conlleva este nuevo examen de control presencial. Para empezar, existe una clara desventaja económica para las y los aspirantes que no viven en la capital: viajar a la Ciudad de México implica costear boletos de transporte, alimentación y hospedaje, un gasto imprevisto que golpea la economía de las familias más vulnerables. Asimismo, está el costo financiero millonario que asumirá la UNAM al repetir una evaluación de esta escala. Sin embargo, estos problemas, por complejos que sean, no se comparan con el riesgo de perder algo infinitamente más valioso: la confianza, el respeto y el honor que la máxima casa de estudios ha construido y conservado durante generaciones.

Seamos realistas y objetivos: la inteligencia artificial no rompió el sueño de miles de jóvenes. Lo rompió la decisión humana de utilizarla para hacer trampa y obtener un lugar sin el sacrificio y el deber de estudiar para el examen de admisión.

Las herramientas tecnológicas no cometen conductas ilícitas por sí solas. Una computadora, un teléfono o un algoritmo son instrumentos neutros. La responsabilidad recae de forma exclusiva en la persona que decide emplearlos para engañar, hacer trampa y perjudicar los derechos de los demás. La UNAM no podía permitir que los tramposos ingresaran sin una consecuencia, ni tampoco que los alumnos honestos perdieran la oportunidad de entrar a la universidad.

Ahora bien, jurídicamente, repetir la prueba se justifica plenamente para restablecer el principio de igualdad sustantiva y proteger a quienes actuaron de buena fe. Pero este escándalo destapa una problemática de fondo todavía más dolorosa: la histórica falta de espacios en la educación superior pública. Cada año, miles de jóvenes capacitados no se quedan fuera por falta de talento o vocación, sino porque las aulas no alcanzan. Por ello, el anuncio que hizo hace un par de días nuestra Presidenta, de que quienes no ingresaron a la UNAM tendrán un lugar en alternativas públicas gratuitas como la Universidad Rosario Castellanos, atiende el problema de raíz, que es la falta de espacios para todos aquellos estudiantes que desean continuar con su preparación profesional. Ninguna institución sustituye la historia o el prestigio de la UNAM, pero ampliar la oferta educativa y crear más universidades públicas es la única vía real para saldar la deuda que el Estado tiene con la juventud y la educación en México.

La tecnología avanzará a pasos agigantados y los sistemas de evaluación tendrán que reinventarse de igual forma. Pero lo que nunca puede ponerse en duda es que el trabajo honesto debe priorizarse siempre. Una universidad puede repetir un examen, cambiar sus plataformas e invertir millones en logística; lo que jamás puede perder es la fe de toda una nueva generación en la justicia y la honestidad.

El futuro de un país no se construye con algoritmos ventajosos, sino con los valores firmes de sus ciudadanos. Si dejamos que la trampa venza al mérito, no solo habrá fallado una institución educativa: habrá fracasado la promesa misma de nuestra democracia.

Porque la integridad no es un filtro que se evalúa en una pantalla: es el alma de la justicia, y jamás se debe olvidar.