El dinero ilícito: el enemigo invisible de México
Por: Antonio Holguin.
En México, buena parte de la discusión pública sobre seguridad gira en torno a los índices delictivos, los enfrentamientos entre grupos criminales o los escándalos de corrupción que ocupan los titulares. La narrativa oficial y mediática suele presentar el fenómeno como un asunto de cuarteles, operativos, detenidos y hechos violentos. Esa lectura, sin embargo, oculta una verdad estructural sobre la que pocas veces nos detenemos a reflexionar: el factor que posibilita que todos esos fenómenos se presenten y se perpetúen es el dinero. Mientras el Estado mexicano no sea capaz de desarticular la infraestructura financiera que convierte recursos ilícitos en poder económico y político, cualquier estrategia de seguridad será, en el mejor de los casos, una contención temporal.
Ninguna organización criminal existe únicamente para ejercer violencia. La violencia es un instrumento, no el objetivo último. Detrás del narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas, el contrabando o la corrupción existe siempre una lógica económica. De hecho, el narcotráfico es apenas una de las facetas de lo que entendemos como crimen organizado, que ha diversificado sus campos de acción e injerencia para proteger e incrementar los recursos que generan sus actividades ilícitas, incursionando, además, en actividades y mercados lícitos. Mientras esos recursos puedan incorporarse sin mayores obstáculos a la economía formal, las organizaciones criminales conservarán la capacidad de expandirse, corromper instituciones y capturar espacios de poder.
Ese proceso de incorporación de recursos de origen delictivo a la economía formal es, en esencia, lo que conocemos como lavado de dinero y lo que nuestra legislación denomina operaciones con recursos de procedencia ilícita, conducta tipificada en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. No se trata de un delito menor ni de un asunto técnico reservado a los contadores forenses o al sector financiero. Es el mecanismo que permite que la violencia se traduzca en dominación territorial, que la corrupción se institucionalice y que el Estado de derecho se convierta en una ficción en regiones completas.
Combatir estas operaciones no consiste únicamente en perseguir delincuentes, sino en impedir que las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas se conviertan en patrimonio aparentemente legítimo. El dinero ilícito necesita dejar de parecer ilícito: debe recorrer un camino que le permita ingresar al sistema financiero, adquirir inmuebles, constituir empresas, invertir en negocios o participar en actividades económicas legales. Interrumpir ese recorrido es precisamente el objeto de las políticas de prevención del lavado de dinero, y es un terreno en el que las autoridades mexicanas han centrado sus esfuerzos.
Cuando los recursos provenientes del delito ingresan a la economía formal, no solo fortalecen financieramente a las organizaciones criminales, también distorsionan mercados, desplazan a las empresas que compiten legalmente, elevan de manera artificial el valor de ciertos bienes, financian redes de corrupción y amplían la influencia del crimen organizado sobre autoridades y sectores económicos. El efecto último lo resiente la sociedad, las personas quedan en una situación más vulnerable para convivir pacíficamente y desarrollar su vida de forma libre y plena. Dicho de otro modo, el lavado de dinero convierte la ilegalidad en poder y debilita la posición de quienes apuestan por el imperio de la ley y por las instituciones democráticas.
No podemos permitir que los grupos y las élites dominantes en el ámbito económico sean aquellos cuya fuente de generación y acumulación de riqueza es el delito, la violencia y el incumplimiento de la ley. De ahí que los principales organismos internacionales hayan modificado la forma de enfrentar a la delincuencia organizada. Durante muchos años la estrategia consistió en perseguir personas; hoy el consenso —recogido en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y en instrumentos como las convenciones de Palermo y de Mérida— apunta a seguir la ruta del dinero y atacar estructuras patrimoniales. Quien controla los recursos controla también la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
En ese contexto, México ha venido construyendo un andamiaje normativo cada vez más robusto: el tipo penal del artículo 400 Bis, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su reciente reforma, el régimen de identificación del beneficiario controlador incorporado al Código Fiscal de la Federación, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las obligaciones impuestas a las instituciones financieras y a quienes realizan actividades vulnerables buscan precisamente cerrar espacios a quienes pretenden ocultar el origen de recursos obtenidos mediante la comisión de delitos.
El pendiente, sin embargo, no está tanto en el diseño normativo como en su eficacia. La enorme distancia que existe entre el número de avisos y reportes que se generan cada año y el número de sentencias condenatorias firmes por operaciones con recursos de procedencia ilícita revela un sistema que acumula información, pero que rara vez la transforma en consecuencias jurídicas. A ello se suman zonas de opacidad persistentes —el uso intensivo de efectivo, el sector inmobiliario, las sociedades constituidas para terceros, los activos virtuales— y una supervisión desigual entre sujetos obligados. Cerrar esa brecha entre norma y resultado es, hoy, una de las tareas más urgentes de la política de seguridad y de justicia del país.
Ninguna legislación resulta suficiente, además, cuando la sociedad permanece ajena al problema. El combate al lavado de dinero no puede descansar exclusivamente en las autoridades, requiere ciudadanos informados, empresarios comprometidos y profesionistas conscientes de que la legalidad también se protege desde las decisiones cotidianas.
Muchas operaciones ilícitas comienzan con conductas que, aisladas, parecen inofensivas, prestar una cuenta bancaria para recibir depósitos, constituir empresas para terceros, aceptar pagos cuyo origen nadie cuestiona, simular operaciones comerciales o adquirir bienes a nombre de otras personas. En numerosas ocasiones, estas prácticas se justifican como simples favores familiares o relaciones de confianza, sin advertir que pueden convertirse en mecanismos para ocultar recursos provenientes de actividades delictivas y, eventualmente, en responsabilidad penal para quien las realiza.
Cada ciudadano tiene la posibilidad de contribuir a una economía más transparente, exigir comprobantes fiscales, desconfiar de operaciones excesivamente lucrativas, documentar el origen de sus recursos y rechazar esquemas financieros opacos. Ninguna de estas acciones parece extraordinaria, pero en conjunto sostienen la cultura de legalidad que resulta indispensable para cualquier Estado democrático.
El lavado de dinero constituye el punto de encuentro entre prácticamente todas las formas de criminalidad. Los recursos provenientes de la corrupción, el narcotráfico, la evasión fiscal, la trata de personas o el tráfico de armas terminan siguiendo rutas similares para ocultar su origen. Atacar esas operaciones significa golpear simultáneamente múltiples expresiones del fenómeno criminal. Por eso, prevenir el lavado de dinero no debe entenderse únicamente como una política financiera, es una política de seguridad, de desarrollo económico y, sobre todo, de fortalecimiento institucional. La delincuencia organizada no sólo disputa territorios, también disputa mercados, empresas, contratos públicos e, incluso, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cada peso de origen ilícito que logra incorporarse a la economía formal representa una victoria para quienes viven al margen de la ley y una derrota para quienes cumplen las reglas.
Las democracias no se debilitan únicamente cuando aumenta la violencia; también se erosionan cuando el dinero ilícito logra infiltrarse silenciosamente en la economía, corromper instituciones y normalizar la ilegalidad. Seguir la ruta del dinero no significa, entonces, combatir un delito financiero, significa defender la legalidad, proteger la economía y preservar la confianza que sostiene a toda sociedad democrática. En un entorno nacional e internacional tan exigente como el actual, México enfrenta la necesidad de redimensionar la manera en que ha encarado este problema y el desafío de actuar con mayor eficacia y pertinencia en su prevención y sanción, en un esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad que deje atrás la violencia y la ilegalidad, y que garantice que el poder económico no quede en manos de quien transgrede la ley y vulnera nuestros derechos.
