Recuperación de activos: freno al crimen organizado
La experiencia ha demostrado que no es suficiente el arresto de líderes de cárteles. La clave radica en el desmantelamiento de su patrimonio que impida continuar con su expansión
Por: Mtro. Guillermo Ulises Huerta Ramírez, especialista en inteligencia financiera, prevención de lavado de dinero, recuperación y administración de activos ilícitos, responsabilidad penal empresarial y criminal compliance.
Durante décadas, la estrategia contra el crimen organizado se concentró principalmente en la captura de líderes criminales y en los aseguramientos de droga. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales poseen una gran capacidad de adaptación y reemplazo operativo. Mientras sus estructuras financieras permanezcan intactas, su capacidad de corrupción, violencia y expansión continúa vigente.
Hoy, uno de los debates más relevantes en materia de seguridad y combate al lavado de dinero es la recuperación de activos ilícitos. Diversos gobiernos, particularmente Estados Unidos, han fortalecido sus estrategias para afectar las finanzas criminales mediante investigaciones patrimoniales, aseguramientos, sanciones económicas e intercambio de inteligencia, orientados a privar a las organizaciones criminales de los recursos que sostienen sus operaciones. La lógica es clara: no solamente perseguir a los delincuentes, sino afectar el patrimonio que les permite operar, expandirse y corromper instituciones.
Asimismo, la experiencia estadounidense muestra que las investigaciones financieras han incorporado mecanismos jurídicos que permiten, dentro de su marco normativo, generar esquemas de cooperación procesal con personas sujetas a investigación o integrantes de organizaciones criminales. En determinados casos, las fiscalías pueden celebrar acuerdos de colaboración o procedimientos asociados a criminal forfeiture, facilitando la entrega, renuncia o recuperación de activos ilícitos como parte de procesos judiciales. Más allá de la sanción penal, estos mecanismos buscan debilitar la capacidad financiera de las estructuras criminales y acelerar la recuperación patrimonial por parte del Estado.
A pesar de ello, los resultados internacionales continúan siendo limitados. De acuerdo con estimaciones retomadas por organismos internacionales especializados en recuperación de activos, los países logran interceptar y recuperar menos del 1% de los flujos financieros ilícitos a nivel mundial. Asimismo, las evaluaciones internacionales muestran que una gran parte de las jurisdicciones aún presenta niveles bajos o moderados de efectividad en materia de localización y recuperación patrimonial.
La dimensión económica del problema también evidencia la magnitud del desafío. Diversas estimaciones internacionales sostienen que el lavado de dinero representa entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto mundial. En términos económicos, los recursos ilícitos que circulan anualmente alcanzarían dimensiones comparables a algunas de las economías más grandes del planeta, lo que demuestra que el lavado de dinero no constituye únicamente un problema criminal, sino también un fenómeno con impactos económicos, institucionales y de seguridad global.
En este escenario, México enfrenta la necesidad de consolidar una política más efectiva de recuperación de activos. El país cuenta con herramientas jurídicas relevantes como el aseguramiento de bienes, el abandono, el decomiso y la extinción de dominio. Sin embargo, en múltiples ocasiones los bienes asegurados permanecen durante años bajo procesos administrativos complejos, deteriorándose o perdiendo valor sin generar beneficios concretos para las instituciones o para la sociedad.
El primer eje estratégico debe enfocarse en fortalecer el uso eficiente de las herramientas previstas en la legislación mexicana. La extinción de dominio puede convertirse en un mecanismo fundamental para afectar las capacidades financieras de las organizaciones criminales, siempre que exista una adecuada coordinación entre autoridades ministeriales, inteligencia financiera y administración de bienes asegurados. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la identificación patrimonial, la trazabilidad financiera y la administración eficiente de los activos recuperados.
El segundo eje estratégico debe centrarse en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para la participación y recuperación de activos derivados de investigaciones transnacionales. Una cantidad considerable de recursos vinculados con organizaciones criminales mexicanas es actualmente asegurada, recuperada o sometida a procedimientos patrimoniales en territorio estadounidense como resultado de investigaciones financieras y operaciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
En este contexto, México debe impulsar mecanismos más sólidos de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua que permitan participar en la distribución de bienes recuperados cuando exista intercambio de información, inteligencia financiera o colaboración institucional en las investigaciones.
La recuperación compartida de activos podría fortalecer instituciones de seguridad, programas de prevención, atención a víctimas y proyectos orientados a reconstruir el tejido social.
La recuperación de activos representa uno de los instrumentos más importantes para debilitar estructuralmente al crimen organizado. El verdadero impacto contra estas organizaciones no solamente se alcanza mediante detenciones, sino afectando sus finanzas, su capacidad operativa y el poder económico que sostiene sus redes de corrupción.
El combate al lavado de dinero exige comprender que seguir la ruta del dinero puede ser más eficaz que seguir únicamente la ruta de la droga.
Estrategias contra grupos criminales
Primer eje
Fortalecer el uso eficiente
de las herramientas en la legislación mexicana.
La extinción de dominio
puede convertirse en un mecanismo fundamental.
Mejorar la identificación patrimonial y la trazabilidad financiera.
Reforzar la administración eficiente de los activos recuperados.
Segundo eje
Centrarse en la cooperación bilateral entre México
y Estados Unidos.
Recuperación de activos derivados de investigaciones transnacionales.
Activar investigaciones financieras y operaciones
contra el narcotráfico.
