¿Quién puede defender a un servidor público que ha sido sancionado? Esto dijo la SCJN
Existe la idea de que una dependencia gubernamental puede usar a su equipo jurídico para defender a un funcionario multado, dicha controversia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al resolver el caso, se estableció que las multas impuestas directamente a personas servidoras públicas tienen carácter personal, por lo que su defensa requiere reglas específicas. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué resolvió la SCJN?
La resolución deriva de la “Contradicción de Criterios 175/2025”, aquí existían posturas distintas sobre quién tenía legitimación para impugnar una multa impuesta a una persona servidora pública.
La Corte indicó que el problema jurídico consistía en definir si la representación legal de una institución pública podía promover la defensa de una sanción aplicada directamente a un funcionario por incumplir una sentencia de amparo.
Ante ello, se fijó un criterio obligatorio al establecer que “la representación legal sí puede promover la defensa”.
Sin embargo, precisó que “debe aclarar expresamente que actúa en nombre de la persona física sancionada, no de la institución”.
La Corte explicó que este requisito resulta indispensable debido a que las multas derivadas del incumplimiento de sentencias de amparo tienen carácter personal.
Multa se considera una sanción personal
El Alto Tribunal enfatizó que “la multa es personal”, por lo que no puede asumirse automáticamente como una responsabilidad institucional.
La SCJN también señaló que, si la representación jurídica no especifica claramente a nombre de quién actúa “se entenderá que la defensa es institucional”.
En ese supuesto “la institución no tiene legitimación para impugnar una sanción personal”.
Con este criterio, la Corte delimitó el alcance de actuación de las áreas jurídicas gubernamentales cuando se trate de sanciones dirigidas específicamente contra personas servidoras públicas.
Resolución busca garantizar transparencia
La Suprema Corte sostuvo además que este criterio fortalece principios de legalidad y transparencia en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con la resolución, “los recursos públicos no pueden usarse para defender multas personales”.
En conclusión: el criterio aprobado busca evitar que sanciones aplicadas directamente a funcionarios públicos terminen siendo asumidas como responsabilidades institucionales o defendidas con recursos destinados al funcionamiento de dependencias gubernamentales.
