Defender derechos donde no llegan

CON UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL Y ENFOQUE INTERCULTURAL, BENJAMÍN RUBIO, TITULAR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, PRIORIZA LA DIVULGACIÓN DE DERECHOS Y ATENCIÓN A MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, PUEBLOS INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES

Por: Cecilia Hidalgo

Al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Benjamín Rubio tiene claro que el mayor reto no está únicamente en los tribunales, sino en todo el territorio. Es por ello que, llegar a más personas, especialmente a grupos vulnerables, como mujeres privadas de la libertad, pueblos indígenas, migrantes, personas con discapacidad o en condición de pobreza es hoy la prioridad de la institución, ampliando su presencia bajo tres ejes de acción: defensa penal, asesoría jurídica y asesoría jurídica intercultural.

“El principal reto es acercarnos a mayor población y a las comunidades indígenas. Tenemos que emprender una jornada de territorio en todo el país”, señala el titular del instituto durante entrevista con El Mundo del Derecho. 

Bajo esa premisa, la Defensoría Pública Federal impulsa un proyecto integral que articula servicios gratuitos de representación legal, litigio estratégico y acompañamiento especializado.

En materia penal, el trabajo se concentra en acciones de preliberación dirigidas a mujeres, personas indígenas, mayores de 70 años y enfermos terminales. Además de que se desarrolla una jornada permanente de acompañamiento a víctimas del delito de feminicidio. 

Actualmente, el instituto cuenta con 33 abogadas especializadas en feminicidio, quienes son capacitadas de manera continua y ya cuentan con un número significativo de sentencias condenatorias logradas. 

Otro campo en el que se enfoca el trabajo es el traslado de mujeres privadas de la libertad, principalmente aquéllas recluidas en el Cefereso 16, ubicado en Cuernavaca, debido a que es en este sitio donde llegan mujeres de diversas entidades por delitos federales y muchas de ellas son alejadas de sus redes de apoyo, lo que agrava su situación. Por lo que la Defensoría promueve amparos y recursos para que logren ser reubicadas en centros cercanos a sus familias.

En relación con las cifras que dan cuenta la magnitud del trabajo realizado, se sabe hasta el momento que son 94 mil 522 asuntos en defensa penal durante el último año; 66 mil 126 en asesoría jurídica, mientras que son 869 casos de litigio estratégico en todo el país. Actualmente a ello se suma un servicio fundamental, el de ciencias forenses gratuitas. 

“Antes era un problema porque las personas que representamos no podían pagar un peritaje. Hoy no sólo tienen abogado, sino también un perito”, subraya.

En casos de asesoría jurídica, el catálogo es amplio. Se lleva a cabo la impugnación de cortes de agua o energía eléctrica, cobros excesivos, falta de medicamentos o negligencia médica. Así como demandas en materia de pensiones ante el IMSS, ISSSTE o ISSFAM,conflictos administrativos, civiles, mercantiles o fiscales. Sumado a que pueden demandar a instituciones financieras por intereses excesivos o prácticas abusivas en créditos al consumo.

Respecto a la atención a migrantes en situación irregular, Benjamín Rubio, lo considera como “tradición institucional”, porque son los defensores en distintas regiones quienes promueven amparos para evitar deportaciones, gestionan cambios de calidad migratoria y buscan el reconocimiento de la condición del refugiado. Además de apoyar en el registro de nacimiento de niñas y niños nacidos en tránsito, cuando este derecho les es negado. 

El derecho a la identidad es, para Rubio, fundamental. Su experiencia como asesor jurídico, en un caso de separación familiar que resolvió hace años, lo ha llevado a poner la lupa en este tema. Y actualmente es un tema que dejó claro en su libro Derecho a la Identidad.

Durante la entrevista, el titular del instituto narró un poco del caso, cuando tres niñas hondureñas fueron retenidas en el Centro Asistencial Conecalli, del DIF, en Jalapa, Veracruz, por no contar con un registro de nacimiento, debido a la situación migratoria de sus padres. Actualmente, tras la reforma constitucional de 2011 y el reconocimiento expreso del derecho a la identidad en la Constitución, la Defensoría continúa litigando para que ninguna persona sea privada de su registro por carecer de documentos que acrediten su estancia legal y la de sus progenitores.

En comunidades indígenas, el trabajo adquiere una dimensión intercultural. Con la reforma al Artículo 2° Constitucional, explica, que ya se reconoce la coexistencia de sistemas normativos: federal, local, municipal e indígena. Por ello, la defensa debe operar en ambos sistemas y la institución impulsa la presencia de abogados que no sólo hablen la lengua originaria, sino que comprendan los sistemas normativos indígenas.

Actualmente, el Instituto Federal de la Defensoría Pública cuenta con 48 defensores públicos indígenas, ocho asesores jurídicos y 66 oficiales administrativos que hablan alguna lengua indígena, sumando a 126 servidores públicos bilingües. 

En el último año se realizaron 887 representaciones penales y 969 en asesoría jurídica para personas indígenas. No obstante, el reto es ampliar esta cobertura.

El litigio estratégico, asegura que también se ha aplicado en defensa de las parteras tradicionales, quienes se han enfrentado a exigencias normativas que podrían poner en riesgo esta práctica, reconocida constitucionalmente como parte de la medicina tradicional indígena. 

Rubio hace hincapié en que, la difusión de derechos es otro eje prioritario. Por eso, se han desarrollado campañas en medios, redes sociales, conferencias semanales y observatorios ciudadanos, acciones en las que la Defensoría rinde cuentas a la sociedad civil y recibe retroalimentación porque “si no conoces tus derechos, no puedes reclamarlos”, insiste.

Las distancias geográficas actualmente representan uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia. Por ello, la institución trabaja en la desconcentración de oficinas, con nuevas sedes en la Ciudad de México y la presencia del instituto en caravanas de justicia, jornadas en comunidades y centros penitenciarios.

Para Benjamín Rubio, defender no es sólo litigar; es abrir puertas donde antes no las había. Combatir la discriminación, eliminar la barrera del idioma y acercar la justicia a quienes viven en pobreza son tareas cotidianas, porque bien dice que “con uno solo que vea vulnerado su derecho a la identidad o a la defensa, es grave”, afirma.

En un país donde la desigualdad sigue marcando el acceso a derechos fundamentales, la Defensoría Pública Federal busca dejar una semilla clara: que la distancia, la lengua, el género o la condición migratoria no sean obstáculos para la justicia.