La gestión de la magistrada Erika Rodríguez permitirá construir el Complejo Judicial Integral en Puerto Escondido, Oaxaca
La apertura de la carretera Barranca Larga-Ventanilla transformó de manera acelerada a la zona de Puerto Escondido, Oaxaca, en uno de los destinos turísticos más atractivos del sureste mexicano. El flujo constante de visitantes y capital detonó beneficios económicos tanto para el gobierno como para diferentes sectores de la población local.
Sin embargo, el crecimiento y auge turístico modificó el equilibrio de la tenencia de la tierra, particularmente en predios ejidales y comunales, donde pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan intentos de desplazamiento para dar paso a la construcción de complejos turísticos financiados con inversión no solo nacional sino incluso internacional.
Este escenario ha colocado en el ámbito de la justicia cotidiana un tema clave: la definición jurídica de la propiedad en una región donde coexisten los diferentes tipos de propiedad: privada, ejidal y comunal.
La línea que separa una de otra suele ser delgada, lo que vuelve determinante establecer la autoridad competente para conocer de los conflictos de posesión y propiedad y con ello garantizar el acceso a la justicia pronta y eficaz, previsto en el artículo 17 de la Constitución.
Ante esta realidad, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca asumió un papel activo frente a una de las problemáticas más complejas del país: la defensa efectiva de los derechos humanos de personas, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, no solo en lo relacionado con la tenencia y posesión de la tierra, sino también en materias sensibles como la violencia familiar, civil, mercantil y penal que inciden en la vida diaria.
Resultado de una alianza institucional sólida y de la conducción de la magistrada presidenta Erika Rodríguez, cuya gestión ha priorizado una justicia alineada a los desafíos que hoy enfrentan regiones estratégicas para el desarrollo nacional, el pasado fin de semana se concretó la donación de un predio por parte del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, destinado a la construcción de un Complejo Judicial Integral.
La consolidación de este espacio representa un parteaguas para la Costa oaxaqueña, al fortalecer la presencia del Estado en una zona marcada por el crecimiento económico acelerado, la presión sobre la tenencia de la tierra y la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia para pueblos indígenas.
En entrevista, la Magistrada Presidenta subrayó el carácter histórico de esta decisión y su impacto regional:
“Estamos dando un paso decisivo para acercar la justicia a nuestra gente. El proyecto tendrá un alcance que trasciende a Puerto Escondido y al propio municipio de San Pedro Mixtepec, al beneficiar a las diversas localidades que integran el Distrito Judicial. Tenemos el compromiso de hacer una justicia más eficiente, más cercana, más humana, y de garantizar los derechos de todas y todos los habitantes”, puntualizó.
Además, la donación del predio no solo responde a una demanda histórica de las comunidades, sino que sienta las bases de un nuevo modelo de justicia, en el que las instituciones dejan de ser distantes y se convierten en presencia permanente de la institución para la protección de derechos, la resolución de conflictos y la generación de certeza jurídica.
El complejo contará con juzgados, espacios de convivencia familiar y áreas de atención diseñadas bajo criterios de accesibilidad, seguridad y dignidad, lo que tendrá un impacto social profundo: fortalecerá el tejido comunitario, reducirá desigualdades en el acceso a la justicia y contribuirá a la estabilidad social en una región clave para el país.
