¿Donald Trump puede llamarle “Golfo de Trump” al Golfo de México? Esto dice la ley
Una declaración en tono provocador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate internacional. El mandatario sugirió la posibilidad de cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de Trump”, lo que llevó a muchos a preguntarse si un jefe de Estado puede, legalmente, modificar la denominación de un espacio geográfico compartido por varios países.
Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es clara: no puede hacerlo con efectos vinculantes a nivel internacional. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles al respecto.
¿Puede un presidente cambiar el nombre de un golfo?
El Golfo de México no pertenece a un solo país. Se trata de una región marítima compartida por México, Estados Unidos y Cuba, cuyo nombre ha sido utilizado durante siglos y reconocido por la comunidad internacional.
Por ello, ningún gobierno puede cambiar unilateralmente su nombre oficial a nivel internacional, ni imponer una nueva denominación a otros Estados mediante decisiones internas.
Lo que sí puede hacer Estados Unidos
En el ámbito interno, el presidente de Estados Unidos sí tiene facultades para ordenar que su gobierno utilice una denominación distinta en documentos administrativos, mapas oficiales de agencias federales o comunicaciones gubernamentales.
Sin embargo, ese cambio solo tendría efectos dentro del propio gobierno estadounidense y no modifica tratados, mapas internacionales ni el uso que otros países hacen del nombre Golfo de México.
Además, el derecho internacional establece que los nombres de mares, golfos y océanos se sostienen por el uso histórico, el consenso entre Estados y criterios técnicos, no por decisiones políticas unilaterales.
Para que un cambio de nombre sea reconocido de forma generalizada, sería necesario el acuerdo de los países involucrados, algo que no puede lograrse mediante declaraciones presidenciales o decretos nacionales.
¿Quién define los nombres geográficos?
La denominación de espacios marítimos compartidos se mantiene a través del reconocimiento internacional y su uso constante en tratados, mapas y documentos oficiales. No existe un mecanismo legal que permita a un solo país renombrar un cuerpo de agua compartido y obligar al resto del mundo a aceptarlo.
En conclusión, la propuesta de Trump no tiene consecuencias legales reales y no altera el marco jurídico ni el reconocimiento internacional de uno de los espacios marítimos más relevantes del continente.
