¿Se puede pelear la custodia de un perrito en México? Esto dice la ley
Cuando una relación termina, las disputas no siempre se limitan a bienes materiales. Cada vez con más frecuencia, los conflictos llegan a los tribunales por una razón inesperada: ¿con quién se queda el perrito? Lo que antes se resolvía “de palabra” hoy puede convertirse en un asunto legal, y la ley mexicana ya no lo ignora.
Aunque durante años las mascotas fueron tratadas como simples objetos, el criterio jurídico ha cambiado. Ya se comienzan a analizar estos casos bajo una lógica distinta, en la que el bienestar del animal pesa tanto como los derechos de las personas involucradas. aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
¿Qué reconoce hoy la ley sobre los animales de compañía?
Tradicionalmente, los Códigos Civiles consideraban a los animales como bienes muebles. Sin embargo, diversas reformas locales y criterios judiciales han marcado un giro: los animales son reconocidos como seres sintientes, lo que implica un deber especial de cuidado y protección.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el bienestar animal es un interés jurídicamente relevante. Esto ha permitido que, en disputas familiares o de pareja, los jueces no se limiten a decidir quién es el propietario, sino que valoren quién garantiza mejores condiciones de vida para el perrito.
En la práctica, esto ha abierto la puerta a acuerdos de custodia, convivencia o cuidado compartido, cuando ambas partes demuestran un vínculo afectivo real y la capacidad de hacerse cargo del animal.
¿Cómo se decide quién se queda con el perrito?
En México no existe una ley federal que regule la custodia de mascotas como ocurre con hijas e hijos. Sin embargo, estos casos pueden resolverse en juicios civiles o familiares, donde el juez analiza elementos clave como quién cubre los gastos veterinarios, quién se encarga del cuidado diario, las condiciones del hogar y el entorno en el que vivirá el animal.
Más allá de quién pagó por el perrito o a nombre de quién está registrado, el criterio que empieza a prevalecer es el interés superior del animal, es decir, quién puede ofrecerle estabilidad, atención y una vida digna.
Curiosamente este tipo de disputas va en aumento y refleja un cambio social y legal: los animales de compañía ya no son vistos como objetos, sino como parte del núcleo familiar, con un valor emocional que la ley comienza a reconocer.
