Al margen
Pasados los primeros 60 días del inicio de la nueva etapa del Poder Judicial que derivó de la más reciente reforma Constitucional en la materia, quedó claro que no se presentó parálisis operativa ni crisis administrativas que serían propias de un desmonoronamiento de los sistemas de impartición de justicia en México. El Poder Judicial está operando y el que se consolide los cambios dependerá de la actuación comprometida de todos los actores y operadores jurídicos, tales como litigantes, colegios de profesionistas y la academia, quienes deberán contribuir desde sus ámbitos de acción a fortalecer un esquema en que los cambios no afecten la legalidad ni los derechos de las personas.
En este contexto, quienes supusieron que los cambios en la SCJN auguraban una etapa en la que el debate y la deliberación jurídica desaparecería de nuestro máximo Tribunal, en tanto las y los nuevos ministros tomarían sus decisiones de manera orgánica, atendiendo a criterios preestablecidos más de índole político o ideológico que legal, los hechos demuestran que estaban en un error. Lo que estos primeros meses han revelado son discusiones activas y votaciones muy diferenciadas, que ponen en evidencia que el estudio y discusión de los asuntos se están presentando y que no existe la pretendida unicidad de criterios y parámetros de actuación.
Un punto que no debe dejarse de lado son los planteamientos que en varios círculos se hacen sobre la necesidad de que, desde el Poder Judicial de la Federación, se emitan señales que den certidumbre a la inversión privada, tanto nacional como extranjera sobre el nivel profesional de las y los nuevos juzgadores electos, así como el respeto que se dará al Estado de Derecho. Un primer paso para ello, sería resaltar la formación judicial de carrera de un buen número de juzgadores, el que la Escuela de Formación Judicial continúa sus labores y que el Tribunal de Disciplina Judicial es una instancia que ya está operando. En la impartición de justicia no tiene cabida la improvisación.
Si bien el debate público de la más reciente reforma a la Ley de Amparo se centró en aspectos polémicos como las cuestiones relativas a la suspensión de los actos reclamados y la figura del interés legítimo, lo cierto es que puntos como la regulación del amparo vía electrónica, la integración de los expedientes electrónicos y físicos, el establecimientos de plazos más claros para el dictado de las sentencias, así como la mayor precisión sobre los términos de la ampliación de la demanda, son aspectos relevantes y necesarios para dar mayor agilidad y certidumbre a los procesos que no pueden ser rebatidos. La pertinencia de la Reforma se verá en los hechos.
Aún cuando es difícil que alguien esté en contra de señalamientos a favor de la austeridad dentro del PJF, la entrada en operación de sus nuevas instancias de administración ha evidenciado realidades complejas, como la necesidad de respetar los derechos laborales de los trabajadores judiciales y preservar la operatividad del sistema federal de impartición de justicia frente a los requerimientos de su cobertura nacional. Ambas cuestiones requieren una asignación relevante de recursos que no pueden eliminarse sin afectar derechos o incidir en el acceso efectivo a la justicia, por lo que más allá de la reducción de gastos, se tendrá que empezar a hablar del uso más eficiente y racional de los recursos públicos.
Noviembre de 2025 marca un aniversario más de que entró en operación el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), uno de los ejes centrales en torno al cual ha girado el desarrollo e implementación de lo que en su momento se denominó como el “nuevo modelo de justicia laboral”, que basándose en la creación de tribunales laborales especializados, la implementación de un procedimiento predominantemente oral y el establecimiento de una conciliación prejudicial obligatoria, entre otras cosas, reconfiguró el entorno de los conflictos en materia de trabajo en México, siendo debido reconocer a las y los servidores públicos que han instrumentado estos cambios.
