Libertad de expresión en la era digital

Por: Guillermo A. Tenorio Cueto

EL AUTOR ANALIZA LOS DIVERSOS ESCENARIOS EN QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO SE VE AMENAZADA, SOBRE TODO, EN ESTA ÉPOCA DE CONSTANTES AVANCES TECNOLÓGICOS

Hablar de libertad de expresión en México nunca ha sido sencillo. Este derecho, que constituye uno de los pilares de toda democracia, se encuentra hoy en medio de transformaciones profundas provocadas por la revolución tecnológica. La manera en que nos informamos, conversamos y construimos conocimiento ya no depende solo de leyes o instituciones, sino también de algoritmos, plataformas y dispositivos que median casi toda nuestra comunicación.

En este escenario, defender la libertad de expresión exige reconocer nuevos riesgos y diseñar respuestas acordes a nuestra realidad. La discusión ya no se limita al clásico debate entre censura y libertad: ahora involucra actores globales, dinámicas digitales y desigualdades históricas que, si no se atienden, pueden ampliar las brechas existentes en nuestra sociedad. En ese sentido proponemos cinco grandes retos que pueden propiciar la conversación.

El primero de ellos y quizá uno de los retos más visibles es la concentración del poder en las grandes empresas tecnológicas. Un puñado de corporaciones globales define, a través de algoritmos opacos, qué mensajes circulan con mayor fuerza y cuáles se invisibilidad. En México, periodistas, académicos y activistas dependen de reglas de moderación que rara vez consideran las particularidades de nuestra diversidad cultural y lingüística. El dilema es claro: ¿cómo garantizar que los estándares internacionales de derechos humanos convivan con la pluralidad del contexto mexicano? La falta de transparencia en estas decisiones amenaza con sustituir la censura estatal por una nueva forma de silenciamiento privado.

Otro desafío es el de la desinformación. Las redes sociales, que inicialmente se celebraron como espacios de democratización de la voz ciudadana, se han convertido, también, en terreno fértil para la manipulación. Noticias falsas, campañas de odio y narrativas diseñadas para influir en elecciones o en debates públicos circulan a gran velocidad, erosionando la confianza en las instituciones. En un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos físicos, la desinformación digital se convierte en una forma adicional de intimidación. El reto está en contener este fenómeno sin caer en medidas que puedan usarse como pretexto para limitar la crítica legítima.

El tercero de ellos tiene que ver con la llamada brecha digital. La libertad de expresión también se ve condicionada por el acceso desigual a la tecnología. Hablar de un debate democrático en línea resulta problemático cuando millones de mexicanas y mexicanos carecen de conexión estable o de dispositivos adecuados. La tecnología, en lugar de ser un puente hacia la participación, puede consolidar desigualdades históricas si no se garantiza una infraestructura accesible y segura. Así, la libertad de expresión deja de ser únicamente un derecho individual para convertirse en un asunto de justicia social.

Un reto no menos importante es la irrupción de la inteligencia artificial, pues ésta añade una capa más de complejidad. Estas herramientas ya influyen en la producción de noticias, en la personalización de contenidos y en la creación de discursos. Sus beneficios son innegables: apoyo a la investigación periodística, automatización de tareas o nuevos formatos de comunicación, pero los riesgos también son evidentes: sesgos en los algoritmos, amplificación de discursos de odio o censura automatizada. México necesita no sólo regulaciones que garanticen un uso responsable de la IA, sino también inversión en investigación y desarrollo propios para dejar de depender únicamente de soluciones importadas.

OTRO DESAFÍO ES LA DESINFORMACIÓN: LAS REDES SOCIALES, QUE DE INICIO SE CELEBRARON COMO ESPACIOS DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA VOZ, SE HAN CONVERTIDO EN TERRENO FÉRTIL PARA LA MANIPULACIÓN.

Nada de esto puede analizarse sin tomar en cuenta como un quinto reto: la violencia que persiste contra quienes ejercen la libertad de expresión en el país. Reporteros amenazados, comunicadores asesinados y activistas hostigados forman parte de una dolorosa realidad. La tecnología puede ayudar —desde sistemas de cifrado hasta redes de protección digital—, pero nunca sustituirá la obligación del Estado de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de este derecho.

Para aterrizar estos retos, repasemos algunos casos que muestran cómo estas amenazas ya no son hipótesis, sino realidades que afectan a personas, medios y comunidades:

Según datos de Artículo 19, en 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa, incluyendo cinco asesinatos de periodistas, lo que representa un aumento respecto al año previo. Esto muestra que ejercer el periodismo en México sigue siendo una actividad riesgosa.

En Campeche, el periodista Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso tras denuncias de difamación e “incitación al odio” interpuestas por la gobernadora Layda Sansores. Se ordenó además el cierre del portal, y una indemnización de millones de pesos. Este caso ha sido señalado como ejemplo de uso de instrumentos judiciales para silenciar a críticos.

En Puebla, recientes modificaciones al Código Penal que incluyen figuras como “ciberasedio”, “espionaje digital” y “usurpación de identidad” han generado alarma entre periodistas y defensores de derechos humanos por su posible uso para criminalizar el ejercicio periodístico o disidente.

Diversas entidades como Guerrero, Oaxaca, Campeche y Sonora muestran patrones de hostigamiento institucional y legal hacia medios locales cuando realizan investigaciones de corrupción o denuncias sociales. Las autoridades utilizan medios judiciales para limitar la publicación de críticas o reportajes incómodos.

Estos casos ilustran cómo convergen amenazas físicas, legales y digitales, combinadas con desigualdades territoriales, para debilitar distintos aspectos de la libertad de expresión.

Frente a este panorama que pareciera desolador, hay al menos tres caminos que merecen ser explorados e impulsados:

El primero de ello tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas de las plataformas. Es urgente que las empresas tecnológicas expliquen cómo operan sus algoritmos y que ofrezcan vías de apelación frente a decisiones de moderación de contenidos. La autorregulación ya no basta.

Otra línea de acción es trabajar, de manera robusta, políticas de educación mediática y digital. La mejor defensa contra la desinformación no es la censura, sino una ciudadanía crítica, capaz de evaluar lo que consume. Universidades, medios de comunicación y organizaciones sociales tienen aquí un papel insustituible.

Nada de ello funcionaría sin la debida colaboración multisectorial. Ningún actor puede enfrentar estos retos en solitario. Se requiere diálogo y corresponsabilidad entre Estado, academia, sociedad civil, empresas tecnológicas y medios para diseñar políticas públicas que sean incluyentes y sostenibles.

Ante todo lo anterior,  es imperante referir que la libertad de expresión no es un derecho abstracto, es la condición que permite el ejercicio de muchos otros. En México, defenderla implica reconocer tanto los riesgos de la violencia física como los de la censura digital, tanto las limitaciones materiales como las nuevas asimetrías tecnológicas.

Hoy, más que nunca, necesitamos un compromiso colectivo. Si logramos que la tecnología se ponga al servicio de la pluralidad, la democracia y la justicia social, habremos transformado un desafío en una oportunidad. De lo contrario, corremos el riesgo de que los avances tecnológicos, en lugar de abrir horizontes, terminen estrechando el espacio para el debate libre y la participación ciudadana.

ASPECTOS CLAVE

• Los artículos 6 y 7 de la constitución establecen los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
• Desde 1993 Cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
• La ONU considera que el periodismo es fundamental para la protección de los derechos humanos y la democracia.

GUILLERMO A. TENORIO CUETO

• Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana (UP).
• Director de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP.
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
• Miembro del Consejo Jurídico Asesor de la Academia Mexicana de la Comunicación.
• Catedrático de Derecho a la Información de la Universidad Panamericana.

NÚMEROS

Según el INEGI:

• 90.4 porciento de los usuarios de internet en méxico usan redes sociales
• 83.1 porciento  de la población en méxico mayor de seis años usa internet
• 124 es el lugar que ocupa México en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.