Ley contra la extorsión: ¿qué cambios se hicieron en San Lázaro?
En medio de un debate intenso y posturas divididas, la Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley General contra la Extorsión, una norma que promete endurecer sanciones, proteger a las víctimas y cerrar los espacios de impunidad en uno de los delitos más temidos por la población. Aquí te damos los detalles al respecto.
Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, el dictamen fue aprobado en lo particular con diversas modificaciones y enviado al Senado de la República para su revisión. La iniciativa —propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— unifica criterios en todo el país, establece penas de hasta 15 años de prisión y permitirá presentar denuncias sin revelar la identidad de las víctimas.
“El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley se investigarán y perseguirán de oficio”, señala el documento aprobado por el Pleno.
Nuevas penas, denuncias anónimas y atención ciudadana
Entre los puntos más destacados, se contempla que cualquier persona que sufra una extorsión podrá denunciar sin revelar su identidad, a través de mecanismos como el número 089. Asimismo, se creará el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de fortalecer la confianza entre ciudadanía y autoridades.
La ley también contempla agravantes según la gravedad de la conducta:
• En algunos casos, las penas podrán aumentar hasta dos terceras partes de la sanción base.
• Se castigará a quienes “faciliten, sostengan, cooperen o auxilien dolosamente” en la comisión del delito.
Con estas medidas, se busca cerrar el paso a la impunidad y establecer sanciones más severas para servidores públicos que omitan denunciar o participen indirectamente en actos de extorsión.
Cambios clave
Durante la discusión en lo particular, se aprobaron modificaciones a los artículos 2, 3, 8, 16, 18, 21, 26 y 43. El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, explicó que las reservas buscan fortalecer la coordinación entre autoridades y clarificar conceptos jurídicos.
“La modificación al artículo 2 precisa cómo deben coordinarse las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, investigación, persecución y sanción del delito”, detalló el legislador.
Entre los ajustes, se incorporan los principios de interculturalidad e interseccionalidad, y se sustituye la expresión “firmar un acto jurídico” por “celebrar un acto jurídico”, para mayor claridad. En materia de sanciones, el artículo 21 establece una pena de cinco a doce años de prisión a servidores públicos que, teniendo atribuciones para denunciar, decidan no hacerlo.
Uno de los cambios más relevantes al artículo 43 establece que las autoridades deberán diseñar campañas permanentes de información y prevención para visibilizar las distintas modalidades de extorsión y fomentar la denuncia.
Además, el artículo 26 indica que la reparación del daño a las víctimas se financiará con recursos provenientes de procedimientos de extinción de dominio, garantizando que los bienes decomisados se destinen a resarcir afectaciones.
Por su parte, el legislador Hugo Eric Flores Cervantes destacó que “la estrategia en materia de seguridad se eleva a ley y cuando una política pública se eleva a ley se convierte en obligatoria”, al subrayar la importancia de institucionalizar la prevención y la rendición de cuentas.
Hacia una ley integral contra la extorsión
La nueva ley general no solo define el tipo penal y sus sanciones, sino también la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. Con ello, el Congreso da cumplimiento a la reforma constitucional al artículo 73 que otorgó al Poder Legislativo la facultad de emitir esta legislación.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldado por once iniciativas de diversos partidos, será ahora analizado por el Senado, donde se prevé que las discusiones continúen en torno al equilibrio entre justicia, técnica penal y derechos de las víctimas.
