Avanza Ley contra la Extorsión: ¿cómo podrían aumentar las penas?
El miedo a una llamada, un mensaje o una amenaza se ha vuelto parte de la rutina para los mexicanos. Pero eso está por cambiar.
Con 456 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General contra la Extorsión, que busca frenar uno de los delitos más temidos del país y proteger a las víctimas que, por primera vez, podrán denunciar sin revelar su identidad. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
“El delito se investigará y perseguirá de oficio”, advierte el dictamen avalado por el Pleno, el cual deriva de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por legisladores de Morena, PAN, PVEM y PT.
Penas más severas y sin margen para la impunidad
La nueva legislación contempla penas de seis a quince años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quien obligue a otra persona a entregar dinero, bienes o servicios mediante amenazas, coacción o daño.
Además, establece tres niveles de agravantes que aumentan la pena base dependiendo de la gravedad del hecho. El castigo podrá elevarse hasta una tercera parte si el delito afecta a comerciantes o empresarios; hasta la mitad si la víctima es una persona migrante, menor de edad, embarazada o adulto mayor; y hasta dos terceras partes cuando medie violencia física, psicológica o el uso de armas.
“El objetivo es proteger a la población y garantizar que quien cometa este delito reciba una pena proporcional a su gravedad”, señala el texto aprobado.
Denuncias seguras y bajo reserva de identidad
Una de las principales innovaciones es que las víctimas podrán presentar denuncias sin necesidad de revelar su identidad, lo que busca romper el miedo a represalias.
“Cualquier persona que sufra una extorsión podrá presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad”, precisa la ley, que habilita canales como el número 089 y plataformas digitales para recibir reportes.
Para garantizar atención inmediata, se creará el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargado de recibir, canalizar y dar seguimiento a cada caso. Este centro deberá operar en un plazo máximo de 180 días hábiles tras la entrada en vigor del decreto.
Sin beneficios de preliberación ni reducción de castigo
El nuevo marco legal elimina los beneficios preliberacionales o la conmutación de pena para las personas condenadas por extorsión, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia.
“Los sentenciados por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena”, establece el decreto.
También ordena que los centros penitenciarios implementen tecnologías que bloquee llamadas y transmisiones electrónicas, con el fin de impedir que los extorsionadores sigan operando desde prisión.
Durante los procesos judiciales, se protegerá la identidad de las víctimas mediante mecanismos de anonimización o comparecencias a distancia, evitando cualquier contacto directo con los responsables.
Coordinación nacional y armonización de leyes locales
El Congreso dispuso que, en un plazo máximo de 180 días, las legislaturas estatales deberán armonizar sus leyes con esta nueva norma federal. Asimismo, los centros penitenciarios contarán con el mismo periodo para aplicar los sistemas de inhibición de señales y control tecnológico dentro de sus instalaciones.
Con ello, el Poder Legislativo busca cerrar filas contra uno de los delitos más extendidos y temidos del país.
“Esta ley es un paso firme hacia la seguridad y la justicia que exige la ciudadanía”, concluye el documento avalado por unanimidad.
