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Suprema Corte atrae primer caso de audiencia pública: ¿de qué se trata?

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La Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso inédito hacia la apertura institucional al anunciar que atrajo su primer caso surgido de una audiencia de atención ciudadana o también conocido como audiencia pública.

Es un mecanismo que permitió a trabajadoras y trabajadores jubilados del IMSS exponer directamente sus reclamos ante ministras y ministros. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.

Devolución de recursos a jubilados del IMSS

De acuerdo con el comunicado oficial, el pasado 22 de septiembre la Corte recibió a un grupo de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes solicitaron la devolución de recursos acumulados en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, así como de cuotas sociales.

Tras escuchar a las y los afectados, el Pleno decidió atraer el asunto para su estudio. La SCJN subrayó que se trata de un reclamo de fuerte impacto social, al tratarse de personas en situación de vulnerabilidad.

“Hoy, en sesión ordinaria, el Pleno decidió atraer el asunto para el estudio del reclamo social de quienes se encuentran en esta situación”, informó la Corte.

Otros asuntos de relevancia social

Además de este caso, la Nueva Corte anunció que también revisará temas relacionados con derechos de las personas trans y de las personas refugiadas en México.

En el ámbito de identidad de género, la SCJN estudiará si es válido exigir el pago de cuotas de recuperación como requisito para acceder a tratamientos de reasignación de sexo en los servicios de salud de Jalisco, así como si en Aguascalientes es legal obligar a un juicio para que las personas trans puedan ver reconocida oficialmente su identidad.

En otro frente, la Corte reasumió competencia para determinar si las personas solicitantes de refugio deben seguir obligadas a acudir semanalmente a oficinas migratorias para mantener vigente su solicitud y evitar la devolución a su país.

El máximo tribunal precisó que con ello podrá definir si esta exigencia es congruente con la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas.

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