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Protección reforzada: SCJN exige defensa activa para niñas, niños y adolescentes

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso que marcó precedente sobre el papel de la asesoría jurídica en delitos que afectan a menores de edad.

Se trató de un niño de 12 años que estuvo secuestrado durante casi un mes, cuya defensa fue cuestionada por su falta de acción en el proceso. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.

La deficiencia en la representación

De acuerdo con el comunicado oficial, aunque el menor contó desde el inicio con un asesor jurídico, este “permaneció inactivo, pues no ofreció pruebas ni emprendió una estrategia que velara por los intereses de la persona menor de edad”.

Esta omisión llevó a que los presuntos secuestradores fueran absueltos.

Ante ello, la víctima promovió un juicio de amparo y un Tribunal Colegiado reconoció la deficiencia, concediendo la reposición del procedimiento. Sin embargo, los acusados interpusieron un recurso de revisión que finalmente llegó a la Corte.

Lineamientos de la Primera Sala

Al resolver el asunto, la Primera Sala subrayó la necesidad de fijar criterios claros para garantizar una protección reforzada en estos casos.

“La labor de quien desempeña la asesoría jurídica no debe concebirse como un mero requisito formal, sino como un instrumento para garantizar la participación efectiva de la víctima en todas las etapas del proceso.”

El tribunal agregó que la función debe ser activa y, en especial, intervenir cuando las pruebas de la fiscalía resulten insuficientes o vulneren derechos fundamentales.

Sentencia y precedente

La SCJN confirmó el amparo otorgado por el Tribunal Colegiado, pero además estableció lineamientos específicos para que en procesos penales donde niñas, niños y adolescentes son víctimas de delitos, la representación legal asuma un rol proactivo y de verdadera defensa.

El caso fue resuelto en el Amparo Directo en Revisión 2461/2023, con la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Con esta decisión, la Corte sienta un precedente clave: los menores de edad víctimas de delitos no solo deben contar con un asesor jurídico, sino con una representación que actúe de manera efectiva y con enfoque en el interés superior de la niñez.

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