¿Se puede obligar a funcionarios públicos a realizarse pruebas antidoping? Esto dice la ley
La aplicación de pruebas antidoping a servidores públicos es legal en México siempre que esté respaldada por la ley o por disposiciones internas de la institución a la que pertenecen, y que se respete el debido proceso y los derechos humanos de la persona evaluada.
En el ámbito federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben conducirse con integridad y garantizar que su actuación no ponga en riesgo el servicio que prestan. Aunque la norma no menciona de forma expresa las pruebas antidoping, diversas dependencias y organismos las incluyen como parte de sus controles de confianza.
Controles de confianza y sustento normativo
En cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, así como en áreas estratégicas del Estado, las pruebas antidoping forman parte de los exámenes de control de confianza previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en reglamentos internos. Estas evaluaciones —que pueden incluir análisis toxicológicos, poligráficos y psicológicos— son obligatorias para el ingreso, permanencia y promoción dentro de estas instituciones.
En otros casos, la obligación puede derivar de condiciones generales de trabajo, reglamentos internos o contratos laborales, siempre que dichas disposiciones no vulneren derechos fundamentales. La Ley Federal del Trabajo, aplicable de manera supletoria en algunos organismos públicos, permite este tipo de revisiones si están justificadas por la naturaleza del puesto y no son discriminatorias.
Derechos y límites legales
Aunque las instituciones tienen facultades para establecer estos controles, el procedimiento debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Derechos Humanos de la CDMX (en el caso de la capital). Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que la aplicación de pruebas antidoping debe realizarse con el consentimiento informado del evaluado, en un entorno de confidencialidad y sin uso indebido de la información obtenida.
En resumen, los funcionarios públicos pueden ser obligados a realizarse pruebas antidoping si así lo prevé la ley, un reglamento institucional o un contrato laboral, pero estas pruebas deben llevarse a cabo respetando los derechos humanos y garantizando que no se utilicen de forma arbitraria o discriminatoria.
