Triunfos judiciales en pausa: ¿quiénes podrían perder sus cargos por acusaciones graves?
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La reciente elección judicial, en la que ciudadanos eligieron por primera vez a jueces, magistrados y ministros mediante voto directo, se ha visto empañada por la polémica: varios de los aspirantes ganadores enfrentan denuncias graves que podrían anular su nombramiento.
De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Electoral (INE), al menos cinco personas electas están bajo revisión por presuntas conductas que contravienen los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley 8 de 8, que prohíbe el acceso a cargos públicos a personas con antecedentes de violencia, delitos sexuales o morosidad alimentaria. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
¿Quiénes podrían estar en riesgo?
Entre los casos más delicados se encuentra el de Jaime Vladímir Ángel Cisneros, electo como juez administrativo en Nuevo León, quien ha sido acusado por acoso a estudiantes en la Universidad Autónoma del estado. Otro ejemplo es Sergio Díaz Rendón, ganador de una posición en la Sala Regional por Coahuila, señalado como deudor de pensión alimenticia, lo cual podría inhabilitarlo automáticamente.
En Sonora, Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo en el ámbito civil y laboral, fue denunciado por hostigamiento sexual, acoso laboral y abuso de poder en instancias judiciales. También figura Héctor Ulises Orduña Hernández, quien obtuvo una magistratura federal en Veracruz y enfrenta una orden de aprehensión por presunto abuso sexual infantil.
Por último, en Jalisco, las abogadas electas Eluzai Rafael Aguilar y Madián Sinaí Menchaca Sierra han sido vinculadas con la organización religiosa La Luz del Mundo, actualmente bajo investigación por delitos como trata de personas y lavado de dinero.
La legalidad por encima del voto
Según la normativa vigente, las autoridades electorales deben garantizar que todos los perfiles electos cumplan con condiciones éticas y legales mínimas. En caso de violar los lineamientos de la ley 8 de 8, el INE puede anular candidaturas aun después de su victoria en las urnas.
“La revisión de estos perfiles es una obligación legal. No se puede permitir que personas con denuncias graves ocupen espacios en el sistema judicial”, han señalado consejerías del organismo electoral.
¿Y ahora qué sigue para esos candidatos?
El INE tiene como fecha límite este 15 de junio para emitir las constancias definitivas. Si alguno de los casos resulta incompatible con los principios de elegibilidad, se revocará la constancia y se invalidará su nombramiento. Las decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Más allá del voto ciudadano, estos casos abren un debate sobre los límites del sufragio frente a la integridad institucional. ¿Debe el voto popular legitimarlo todo, incluso a candidatos con antecedentes cuestionables? La respuesta del INE y los tribunales marcará un precedente fundamental para el futuro del sistema judicial mexicano.
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