Transversalidad de género: el camino hacia la igualdad sustantiva
La Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres garantiza la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, normas y programas de instituciones públicas y privadas
Por: Dra. Diana Paola Granados Madrigal, Especialista en género, victimología y prevención del delito Catedrática en el INACIPE
El 15 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos jurídicos, cuyo eje rector es el principio de igualdad sustantiva. En este contexto, la modificación de la denominación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (LGISMH) no se limita a la simple adición de una palabra sino que expresa la positivización de la transversalización de la perspectiva de género como un mandato normativo de alcance general.
Conforme al artículo 5, fracción VII, de la LGISMH, la transversalidad implica garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, la normatividad y las actividades realizadas en instituciones públicas y privadas, a partir de la evaluación de las implicaciones que su programación tiene para mujeres y hombres. Este proceso no es nuevo; su evolución, en particular la dimensión que ha adquirido el concepto de transversalidad de género (gender mainstreaming), se remonta a su planteamiento en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 1995. Este evento es considerado el más relevante de sus tres versiones previas, ya que consolida la reflexión jurídica desarrollada desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en materia de igualdad de género y no discriminación hacia las mujeres.
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing proporciona las directrices básicas para lograr el empoderamiento de las mujeres, estableciendo objetivos estratégicos orientados a materializar la igualdad de género y el progreso de las mujeres en diversos ámbitos cruciales, como la educación, la salud, la economía, los conflictos armados, los derechos humanos y el medio ambiente, entre otros.
La evaluación realizada por la División de la Organización de las Naciones Unidas para la Mujer reconoce la necesidad de adoptar el enfoque de género como una estrategia global para reevaluar las relaciones entre mujeres y hombres en la estructura social y su jerarquización imperante, a partir de la universalidad de la subordinación de las mujeres, reconociendo que alcanzar la igualdad sustantiva resulta beneficiosa para todas las personas.
La igualdad sustantiva, conforme al artículo 5, fracción V, de la LGISMH, “es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Esta concepción forma parte del proceso inherente a la transversalidad y permite enriquecer la reflexión en torno a la igualdad, la discriminación, las identidades sexo-genéricas y las concepciones actuales de justicia y democracia.
Lo más relevante, como señala Evangelina García (Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De Qué Estamos Hablando?: Marco conceptual, 2008), es la forma en que estos elementos se aplican a las políticas de género y, en particular, el requerimiento de orientarlas a revertir la asimetría de poder derivada del patriarcado, que sustenta la subordinación y las desigualdades estructurales. Esto permite identificar los componentes que definen a la transversalidad como un proceso estratégico cuyo objetivo es garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a partir del reconocimiento de la desigualdad como un problema prioritario que debe abordarse en todas las estructuras institucionales y en todas sus fases de gestión, replanteando contextos, procesos, estructuras y mecanismos para su consolidación.
Para garantizar la igualdad sustantiva, es necesario que la transversalidad incorpore un análisis situacional basado en la evaluación de destrezas, conocimientos y niveles de sensibilización respecto a las implicaciones de la perspectiva de género (Poíticas y acciones de género. De la Cruz, 2009). Asimismo, la política debe sustentarse en una exposición detallada de la relevancia de los temas relativos a la igualdad de género en las instituciones, y su ejecución debe contemplar una descripción precisa de la implementación de la política pública, incluyendo la planeación, los presupuestos, las acciones y los indicadores.
Es fundamental reconocer las necesidades y desigualdades que viven cotidianamente mujeres y hombres. La jerarquización de las relaciones construidas desde la matriz heteropatriarcal debe corregirse, orientando la estrategia hacia la identificación de los obstáculos que impiden a una persona, en relación con otra, acceder a un derecho o a un servicio, lo que permitirá avanzar hacia medidas de justicia social más equitativas. En principio, la equidad parte del reconocimiento de la diversidad de necesidades e intereses de las personas, a partir de reconocer cómo sus condiciones objetivas pueden colocarlas en situaciones de vulnerabilidad y desventaja que dificulten el acceso a la igualdad de oportunidades y las coloquen en riesgo de una situación discriminatoria.
En síntesis, los retos de la transversalidad de género en nuestro país, son, lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres; y promover un cambio en la estructura social en el que las personas se reconozcan y respeten, percibiéndose como diferentes, pero con igual valor.
Asimismo, se busca consolidar una cultura de derechos humanos, igualdad y no discriminación que permita la construcción de una sociedad inclusiva con una ciudadanía participativa. En este sentido, la transversalidad constituye un componente prioritario en la agenda política; por ello, resulta fundamental considerar el contexto político y los espacios de interacción democrática, así como sus procesos de funcionamiento, para activar los mecanismos de gestión tanto burocráticos como culturales. La identificación de estos elementos es indispensable para fortalecer la capacidad institucional de incorporación de la perspectiva de género, orientada a la erradicación de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
