Tala ilegal en México: así podrían aumentar las sanciones por ese delito
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Mientras miles de hectáreas de bosque desaparecen cada año por la tala clandestina, el Poder Legislativo busca dar un golpe de timón al endurecer las penas.
Se trata de una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados propone elevar las penas hasta 20 años de prisión y hacer obligatoria la reparación del daño ambiental, en un intento por frenar uno de los delitos ecológicos más extendidos del país. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
Sanciones más severas y reparación obligatoria del daño
El diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo (PT), impulsó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que busca elevar las penas de prisión de seis meses a un rango de uno a veinte años, así como aumentar las multas de cien a tres mil, hasta tres mil a veinte mil veces el valor diario de la UMA.
“La tala ilegal es un ataque directo al patrimonio ambiental del país, y debe tener consecuencias proporcionales al daño que provoca”, subrayó el legislador.
La iniciativa establece que las sanciones se aplicarán a quienes realicen desmonte, derribo o destrucción de árboles en terrenos forestales o áreas verdes sin autorización, o a quienes excedan el volumen o superficie permitida en su permiso. También se castigará la alteración o falsificación de documentos vinculados al aprovechamiento forestal.
El proyecto también contempla agravantes cuando los delitos ocurran en Áreas Naturales Protegidas o afecten especies endémicas o en riesgo, o cuando la pérdida forestal supere una hectárea. En esos casos, las penas podrán aumentarse hasta en una mitad, además de que será obligatoria e imprescriptible la reparación del daño ambiental.
Asimismo, se propone que el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la SEMARNAT, junto con los gobiernos estatales y municipales, cree y mantenga actualizado un Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas.
Además, la iniciativa plantea que quienes dañen o construyan ilícitamente en esos terrenos enfrenten penas de dos a diez años de prisión y multas de tres mil a veinte mil días de UMA, además de inhabilitación de cinco a diez años para participar en actividades forestales o comerciales relacionadas con madera.
Denuncias inmediatas y combate a la corrupción local
En caso de aprobarse, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) podrá presentar denuncias penales inmediatas ante el Ministerio Público Federal por cualquier acto de tala ilegal, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan.
El diputado González Naveda advirtió sobre las redes de complicidad que permiten el avance de la tala ilegal, entre ellas “el blanqueo de permisos mediante documentos falsos o emitidos por ejidos con aval de la CONAFOR”, así como actos de corrupción institucional y la falta de capacidad de la PROFEPA para judicializar los casos.
“Aun con detenciones en flagrancia, los delitos se niegan o se degradan a simples faltas administrativas, lo que facilita la liberación de los responsables en cuestión de días”, lamentó el legislador.
¿Qué sigue ahora para la iniciativa?
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se analizará su viabilidad jurídica y su impacto en la protección ambiental.
Con esta reforma, el Congreso busca cerrar los vacíos legales que han permitido la impunidad en los delitos forestales, considerados por expertos como una de las principales causas de deforestación y pérdida de biodiversidad en México.
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