Sismo en México: ¿qué hacer si tu vivienda sufrió afectaciones en el temblor del 2 de enero?
Tras el sismo del 2 de enero, muchas personas regresaron a casa con una preocupación inmediata: grietas, desprendimientos o daños visibles en su vivienda. Más allá del temor inicial, surge una pregunta clave en términos legales: ¿qué pasos deben seguirse y qué derechos asisten a quienes habitan un inmueble afectado por un fenómeno natural?
La ley mexicana establece procedimientos claros para proteger la seguridad de las personas y evitar riesgos mayores. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Solicitar una revisión oficial, el primer paso legal
Cuando una vivienda presenta daños tras un sismo, la legislación en materia de protección civil establece que no debe habitarse ni repararse sin antes contar con una revisión técnica. Las autoridades locales de protección civil están facultadas para realizar inspecciones y emitir un dictamen estructural que determine si el inmueble es habitable, requiere reparaciones o debe ser desalojado.
En entidades como la Ciudad de México, estas revisiones pueden derivar en la colocación de sellos de riesgo, los cuales tienen efectos legales y deben respetarse. Ignorar un dictamen o romper sellos puede generar responsabilidades administrativas.
¿Qué pasa si te piden desalojar?
Si la autoridad determina que el inmueble representa un riesgo, puede ordenar un desalojo preventivo, aun cuando la persona propietaria o inquilina no esté de acuerdo. Esta medida tiene como finalidad proteger la vida y la integridad de quienes habitan el inmueble y no constituye un despojo ni una expropiación.
El desalojo preventivo es una facultad legal de la autoridad y se mantiene vigente hasta que exista un dictamen que garantice la seguridad estructural del inmueble.
Derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos
En viviendas rentadas, la ley distingue responsabilidades. En términos generales, la persona propietaria es responsable de mantener el inmueble en condiciones de seguridad, mientras que la persona inquilina tiene derecho a no habitar un espacio que represente peligro.
Si los daños impiden el uso del inmueble, pueden surgir ajustes en el pago de la renta, la suspensión temporal del contrato o incluso la terminación anticipada, dependiendo del grado de afectación y de lo pactado en el contrato.
Desde el punto de vista legal, no es recomendable ni válido volver a habitar una vivienda dañada sin un dictamen favorable. Si ocurre un accidente tras ignorar una advertencia oficial, pueden existir responsabilidades civiles e incluso consecuencias legales en caso de lesiones o fallecimientos.
Por ello, la ley prioriza la prevención del riesgo, aun cuando ello implique afectaciones temporales al uso de la vivienda.
