¿Será obligatoria la inclusión LGBTQ+ en empresas? Esto propone una nueva reforma laboral
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En un nuevo intento por combatir la discriminación en el ámbito laboral, legisladores federales presentaron una propuesta para establecer cuotas de inclusión obligatoria para personas LGBTQ+ en centros de trabajo del sector privado.
La medida, que aún se encuentra en fase de análisis legislativo, busca dar cumplimiento efectivo al principio constitucional de igualdad y no discriminación. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
¿En qué consiste la propuesta para la equidad LGBT?
De acuerdo con la iniciativa, las empresas con más de 50 empleados estarían obligadas a garantizar una proporción mínima de contrataciones destinadas a personas de la diversidad sexual. Aunque el porcentaje aún no ha sido definido, se contempla que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo determine, tomando en cuenta el giro y tamaño de las empresas.
La intención, señalaron los promoventes, es avanzar hacia una igualdad sustantiva, pues “no basta con que esté prohibida la discriminación, es necesario que existan mecanismos que aseguren el acceso real al empleo”.
¿Qué base legal respalda la medida?
En México, el artículo 1º de la Constitución prohíbe expresamente toda forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género. A ello se suma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que considera como conductas discriminatorias el trato desigual en procesos de selección o ascensos por razones relacionadas con la diversidad sexual.
En materia laboral, el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo también establece que las condiciones de empleo deben aplicarse sin distinción alguna, incluidas las relativas a la identidad de género.
Por ello, los legisladores argumentan que esta iniciativa no crea un nuevo derecho, sino que ofrece herramientas para hacer efectivos los ya reconocidos por el orden jurídico.
Lo más interesante es que sí existen precedentes para dicha iniciativa. Algunas entidades del país, como Nayarit, han implementado acciones afirmativas en el sector público, obligando a reservar cierto porcentaje de plazas para personas trans. A nivel internacional, países como Alemania o Brasil han adoptado medidas similares, particularmente en instituciones gubernamentales.
Sin embargo, en México no existen aún cuotas obligatorias para el sector privado, lo que deja a la iniciativa como una propuesta inédita en su alcance.
¿Qué retos enfrentaría esta medida?
La propuesta podría enfrentar cuestionamientos sobre:
- Privacidad: cómo identificar a las personas LGBTQ+ sin violentar su derecho a no revelar su orientación o identidad.
- Supervisión efectiva: qué autoridad vigilaría el cumplimiento y cómo se evitarían simulaciones.
- Resistencia empresarial: especialmente en sectores o regiones con menor aceptación social.
Pese a ello, sus impulsores sostienen que “los derechos no están sujetos a opiniones”, y que las cuotas son una herramienta para garantizar el acceso a espacios históricamente negados.
La propuesta legislativa ahora será turnada a comisiones para su análisis. Si avanza, deberá discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. De aprobarse, las empresas tendrían un periodo de transición para adaptarse a la nueva obligación.
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